Reflexiones sobre la ley y los ciudadanos (1): Ni magia ni ornato

Autor: José Rafael de Regil Vélez, si quieres saber más del autor haz click aquí.

Texto publicado en Síntesis, Tlaxcala, el 25 de octubre de 2012.

Hoy la reforma laboral está en el medio político mexicano, con su larga lista de declaraciones, los dimes y diretes de los diversos actores del mundo laboral y las charlas de sobremesa y de café de los ciudadanos en general. La gama de actitudes asumidas ante las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que se cocinan en el poder legislativo me han hecho pensar en la forma en la que los ciudadanos solemos relacionarnos con lo legal.

       Dos palabras expresan lo que siento y pienso: magia y ornato.

     Por una parte, las leyes –ni conocidas, ni comprendidas- y sus administradores se nos presentan con visos mágicos. La magia, como la define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) es el “Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales”.

     Ante  un malestar derivado de la convivencia social o de las relaciones comerciales el ciudadano voltea a ver a los abogados, ministerios públicos, jueces casi como magos para pedirles que con sus conjuros consignados en ininteligibles documentos jurídicos resuelvan sus conflictos. Y así, recurriendo a lo que no se entiende se esperarían los resultados inmediatos por la intercesión de los pontífices de lo legal.

      Por otra parte, la cotidianidad nos muestra ciudadanos que en caso de no sentirse afectados por algo miran a la ley como un ornato, pero resuelven sus asuntos como cada quien los entiende: ignorando las cosas, tomando justicia por propia mano, haciendo mitote y presión política. La legislación no es algo que realmente haya que tomar en cuenta.

      Lo que se pierde en esta manera de vivir la vida pública es la posibilidad de que nuestros esfuerzos se articulen razonablemente en un instrumento normativo y que quedemos a expensas de capricho, el arbitrio y la impunidad del poderoso…

      ¿Por qué sucede esto? La respuesta debe ser compleja, pero seguramente tiene que ver con que nuestra la ciudadanía vivimos como espectadores y sentimos todo ajeno a nosotros.

     Es necesario pensarnos de otra manera. Las leyes no son producto de fuerzas sobrenaturales, sino de mujeres y hombres de carne y hueso con intereses específicos, que nos representan o no y que aciertan o se equivocan; en última instancia son nuestros empleados. A ellos hay que indicarles la tarea y pedir cuentas de lo que hacen. El sistema judicial es administrado por otros ciudadanos, también empleados nuestros, cuya tarea debemos comprender. Lo legal es nuestro y no nos podemos permitir el lujo de alienarlo.

      En las instituciones educativas y las familias no hay una pedagogía de la ciudadanía, no se permite a las personas aprender a ser ciudadano, responsable de la ley, capaz de utilizarla razonablemente, de crearla, de modificarla. Las normas están dadas siempre por alguien más y sólo hay que obedecerlas o ignorarlas y confiar en algún ser humano o instancia que la administre ante nuestros ruegos. Cuando mucho se habla de las leyes y en alguna clase de cívica y ética o de introducción al derecho se les refiere, pero NO se permite a los alumnos vivir como protagonistas de su propio compromiso razonable con los demás. Se forma cuando mucho espectadores o consumidores de la ley.

     Y sin embargo sí se puede avanzar para que las personas vivamos las normas y preceptos como algo propio, que articule nuestra existencia en sociedad. El desafío es inventar las formas para aprender haciéndolo.

Nuestros derechos a la información y la expresión

Autor:  José Rafael de Regil Vélez. Si quieres conocer más datos del autor, haz click aquí.
Publicado en Lado B, el 31 de octubre de 2012.

Hay cosas que definitivamente no se pueden dejar pasar de largo sin al menos comentarlas. No se trata de traerlas a colación porque sean el tema de moda, sino porque atañen a lo que somos y podemos ser, aun cuando nos pudieran parecer ociosas o lejanas. Es el caso de los litigios iniciados por el actual gobierno del Estado de Puebla con las denuncias presentadas contra periodistas por “abuso de la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios”.

     Las acciones realizadas por el aparato gubernamental y por los periodistas mismos requieren un atento seguimiento. Hay que vigilar en especial la actuación de los involucrados, a la luz del marco jurídico y no solo de las influencias que pueden ejercer los agentes de poder que son en última instancia tanto los funcionarios públicos como los empleados de los medios de comunicación. De eso se irá sabiendo al pasar de los días.

     Hay, sin embargo, algunas consideraciones de fondo que los ciudadanos debemos hacer más allá de esta coyuntura y que tienen que ver con algo que subyace a la problemática señalada y a nuestra vida política toda: nuestros derechos a la información y a la libre expresión de las ideas. Para ello nos viene bien hacer algunas consideraciones.

     El panorama social, político y económico del medioevo estuvo regido por los señores feudales. Los ciudadanos “de a pie” no eran realmente tales, sólo vasallos, sin participación política alguna real.

     El nacimiento de las ciudades al final de aquel periodo histórico, y en los albores de la modernidad -los burgos- trajo consigo una nueva forma de mirar las cosas en los centros urbanos. Las responsabilidades comunes no dependían ya en la vida diaria de un señor feudal que hubiera recibido autoridad divina alguna, sino de los burgueses, dedicados prioritariamente a labores comerciales y organizados entre ellos para tener seguridad, infraestructura, procura de salud.

     Al paso del tiempo el comercio se volvió una actividad importante pero que no cabía del todo en un orden estructurado fundamentalmente en torno a las labores agrícolas. Las leyes, el sistema fiscal, la impartición de la justicia estaban organizados en una lógica muy diferente a la de los burgueses y estos fueron experimentando la necesidad de tener mayor presencia en espacios públicos.

     El problema era que no podían tener acceso a ellos, puesto que no tenían derechos al respecto. En ese tenor los ciudadanos se vieron impelidos para reclamar una participación social y política acorde al protagonismo económico que habían adquirido y por ello reclamaron el derecho a expresar sus ideas.

     La conciencia del derecho a la libre expresión surge del propio reconocimiento de ser sujeto político: la participación en los asuntos que conciernen a los habitantes de un lugar supone naturalmente que estos puedan decir lo que piensan, la forma en que ven sus intereses, la apreciación que tienen de la labor de quienes los gobiernan. Y este derecho va unido a otros como el de asociación, el de movilidad territorial y, por supuesto, el de la libertad de conciencia.

     En esa tónica nació en los albores del siglo XIX la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, gran esfuerzo de poner por escrito las bases de una comprensión moderna de la responsabilidad y posibilidades de las personas en la acción común, en la política.

     El derecho a la expresión supone que la información puede ser libremente generada y libremente recibida. “La afluencia de noticias y opiniones así difundidas, hace realmente que todos los hombres en todo lo ancho de la tierra, participen de los asuntos y dificultades que afectan tanto a cada uno como a toda la humanidad”, señalaba en 1971 el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, en su Instrucción Pastoral Communio et Progressio.

     La información, así, es un instrumento necesario de avance social, de participación, de ciudadanía. La tarea de informar es fundamental para la vida de los seres humanos hoy.

     El papel del Estado, al respecto, es ser garante de que sus ciudadanos accedan a lo que necesitan conocer sobre lo que pasa a su alrededor y de las opiniones de otros conciudadanos al respecto. Y esto incluye la revisión de la actuación de los propios funcionarios públicos.

     Pero esta labor no es fácil. La actividad de los gobiernos supone muchas cosas: uso de recursos, decisiones sobre ejercicio de la fuerza física, de la procuración de justicia, el establecimiento de relaciones comerciales con proveedores de todo tipo de bienes y servicios… Lo que se hace o no debería estar siempre disponible para el escrutinio público, o dicho literalmente, como lo señala el Diccionario de la Real Academia Española, utilizable para el “Examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar juicio de ello”.

     Lo complicado de esto es que quienes no son funcionarios pueden pensar que las cosas hay que realizarlas de diferente manera, que el trabajo de los empleados públicos no es el adecuado. Ante algunas conductas se puede presumir incluso que hay acciones delictivas que deban ser denunciadas. Es por ello que aparece con suma facilidad la censura, mediante la cual las personas que conforman el Estado se reservan el derecho de examinar y aprobar previamente lo que cualquier ciudadano quiera señalar públicamente. Y cuando así sucede queda conculcada la participación política real.

     Por ello las libertades de expresión y a la información han supuesto a lo largo de la historia y en múltiples lugares claramente una tensión real entre los poderes estatales y los ciudadanos. Una y otra vez irrumpen los censores y en esas mismas ocasiones se establece la resistencia: si los asuntos públicos son nuestros y afrontarlos implica un diálogo entre todos nosotros, nadie puede abrogarse el derecho infundado de decidir qué debemos decir o no; qué debemos opinar, qué podemos o no informar.

     Ha de ser el razonamiento personal, informado y formado, el que decida cuáles opiniones son de valía, cuáles sólo encierran necedades y quimera;, no el de la autoridad política o religiosa sólo por ser tal.

     Y como todo derecho supone responsabilidad, la expresión y la información suponen un manejo atinado y ético de lo que se dice, de lo que se comunica y una educación que permita una codificación y decodificación inteligente de los mensajes que se emiten y reciben.

     Acciones en la que el gobierno de Rafael Moreno Valle demandó ante el juzgado primero de lo civil a Fabián Gómez, del portal electrónico Contraparte Informativa, mientras a Adrián Ruiz del periódico El Heraldo ante el juzgado cuarto no pueden pasar desapercibidas.

     Ser libres de expresarnos e informarnos ha sido y siguen siendo un esfuerzo continuo. Si el poder político se extralimita y se adjudica el inadecuado rol de censor no deberíamos quedarnos impávidos; si los periodistas no ejercen responsablemente su labor –y eso sucede y sucede con frecuencia, aunque muchas veces a favor del gobierno sobre todo en medios creados para incensar a las autoridades- tampoco.

     Nos merecemos buena información, porque para generar progreso y condiciones de vida humana digna necesitamos comunicar lo que vemos y expresar nuestras opiniones. Actuemos en esto también como protagonistas y no meros espectadores de nuestra ciudadanía; respetémonos respetando nuestros derechos a la información y la expresión: exijamos lo propio al estado y a los informadores.

¿Participación ciudadana o zanahoria electorera?

Autor: Mauricio López Figueroa
Publicación: Síntesis, Puebla, 02 de junio de 2010

Somos ciudadanos, y es imperativo para nuestro país que lo entendamos, lo valoremos y lo asumamos.

     Las democracias modernas se caracterizan no por ser perfectas, la noción misma de democracia se basa en la imposibilidad de gestar una estructura social perfecta porque somos diferentes y porque existen diversidad de intereses y búsquedas. La diversidad lejos de ser un problema es una característica de la convivencia que la amplía y la hace auténticamente relevante, pues encontrar el propio camino y construir una vida productiva y con sentido exige reconocer, respetar, y fomentar el derecho de todos a su diferencia siempre en un marco de igualdad. Y vivir la diferencia requiere también reconocer la tensión y a veces el conflicto que ésta implica, por eso la necesidad del diálogo y del acuerdo.
     En este sentido la democracia NO es votar, ésta es la mínima expresión del poder popular. La democracia supone la afirmación de la responsabilidad compartida en la construcción de esa estructura para la convivencia, el diálogo y el acuerdo. Es responsabilidad del gobernado en primer lugar contribuir desde su acción cotidiana al desarrollo de una sociedad siempre en proceso democrático, y la primera exigencia ciudadana es la participación.
     Los gobiernos realmente democráticos deberían, entre muchas otras cosas, ejercer su poder como un medio para organizar, " promover y ofrecer canales de participación ciudadana, una participación que gradualmente capacite ciudadanos informados, organizados y comprometidos para trabajar, desde sus distintas trincheras e intereses, por el bien común en sus contextos locales.
     Pero desgraciadamente en nuestras sociedades mexicanas el poder gubernamental no es un medio sino un fin, y por esa razón la propaganda política siempre pone el énfasis en lo que los partidos "le van a dar" a los ciudadanos, lo que les van a regalar como "premio" a su fidelidad...

Servilismo ciudadano o conciencia social: hacia una política renovada

Autor: Mauricio López Figueroa
Publicación: La primera de Puebla, 07 de abril de 2010

Desde que tengo uso de razón la presencia de los representantes políticos en nuestras sociedades ha consistido en pregonar de diferentes maneras o por diversas vías sus "logros" y "dádivas" sociales. Sospecho que este estilo de hacer presencia social del político tiene que ver con una cultura, aprendida sin duda desde la escuela, y con una historia nacional que determina la manera en cómo el ciudadano común se relaciona con la autoridad.
    Es común observar la diversidad de medios con los que la gran mayoría de los políticos difunden sus avances, pero con un estilo en el que dejan claro "lo que están haciendo por nosotros". Desde muy temprana edad, los ciudadanos de este país aprenden que las autoridades públicas merecen un especial y constante reconocimiento por los resultados de su gestión; así, es importante agradecerles que haya carreteras y puentes, hospitales y escuelas, transporte, calles y alumbrado. Al parecer nuestros gobernantes y representantes esperan una permanente genuflexión en reconocimiento de lo que, bajo su reinado, luce como producto de sus gestiones. Tal vez por eso no es de extrañarse que continuamente, sobre todo en tiempos electorales (que en este país es todo el tiempo), oigamos y veamos en los medios masivos la proclama de sus eficientes glorias cuando anuncian en sus informes de gobierno o gestión la cantidad de recursos invertidos en la infraestructura construida e inventariada al progreso nacional, como si esos recursos fueran de ellos. Esperan agradecimiento, y para dejarlo claro no hay propaganda política de este tipo que no se acompañe de una imagen estudiada y luminosa de nuestros honorables personajes, para que no olvidemos "lo que han hecho por nosotros", para que no olvidemos que si algo tenemos se lo debemos a ellos: esa raza única, entregada, sacrificada por el bien social.
     La presión es enorme, sobre todo porque no hay partido que no deje claro que estos "logros" no se repetirán si las elecciones no les favorecen; todos sin excepción empaquetan sus promesas en una amenaza implícita de que lo que "nos pueden ofrecer" no será dado si no los elegimos, perderemos lo que, de hecho, es nuestro. No de ellos.
     Esos medios y recursos propagandísticos, además de costosos, muestran también el nivel de cultura política de nuestra sociedad, pues tendemos a pensar que lo que vociferan con dedo acusador es muestra de que realmente están a nuestro servicio y realmente están realizando un trabajo político y social progresista, resultados todos ellos que debemos agradecer besando la mano electoral de los partidos. Pero como siempre en este terreno todo es mentira.
     Desde luego que construir carreteras, hospitales o escuelas es importante, así mismo, la inversión en infraestructura y en la generación de empleos, pero esos resultados no son aplaudibles, son la obligación mínima de cualquier representante dedicado a la administración pública, es lo mínimo que se espera de ellos como servidores contratados y pagados por el pueblo. Diríamos que en esos resultados no se encuentra el magis del quehacer político, sino en lo que son capaces de transformar inteligente y estratégicamente en bien de la sociedad de hoy y del futuro.
     La clave del quehacer político progresista está en que los partidos, en general, desarrollen un proyecto de nación viable e históricamente pertinente, un proyecto que verdaderamente desemboque en un programa de Estado que oriente los lineamientos y las acciones de nuestros representantes, en particular, para el desarrollo; un proyecto que realmente impacte en la conciencia ciudadana y favorezca el debate y la unidad -no la uniformidad- social. Por lo tanto, para juzgar si un político o un partido está haciendo su tarea debemos poner atención en las reformas y en las acciones que realmente mejoran la calidad de vida a largo plazo de todos, a pesar de que tales medidas sean incómodas- especialmente para ellos. En un país con gravísimas e históricas desigualdades necesitamos políticos reformistas, no chambeadores, no se trata de trabajar y cambiar para seguir igual.
     Estas reflexiones no van dirigidas a nuestros representantes, aunque sí plantean un reclamo y una crítica enérgica al estilo que tienen de hacer política, y no van dirigidas a ellos porque es muy improbable que cambien. Estas ideas sí van dirigidas a la sociedad en su conjunto porque nosotros somos los responsables de modificar esa cultura servilista y agachona en la medida en que desarrollemos una verdadera conciencia ciudadana y, con base en ella, discutamos y aprendamos a exigir. Próximamente tendremos elecciones en nuestro Estado y la guerra de ofertas abiertas y de amenazas implícitas está en apogeo, si estamos de acuerdo en contribuir a la modificación de esa cultura nefasta del servilismo ciudadano frente al quehacer gubernamental, discutamos en la medida de lo posible y en los espacios ciudadanos en los que participemos (familia, amigos, escuelas, grupos deportivos, iglesias, universidades, empresas, etc.) cuáles son las necesidades sociales más apremiantes, qué reformas urgen para favorecer el cambio democrático y la justicia social, y qué cambios y acciones podemos promover para exigir claridad en el trabajo del gobierno en cualquier nivel.
     No queremos dar las gracias por recibir lo que es nuestro, agradeceremos que, con lo nuestro, los políticos le den viabilidad a nuestras esperanzas.

Laicidad: praxis de ciudadanía

Autor: José Rafael de Regil Vélez
Publicación: Síntesis Tlaxcala, 25 de febrero de 2010

La reciente reforma del artículo 40 constitucional, el cual ha definido al Estado mexicano como laico, ha suscitado un gran debate y vale la pena sumarse a él porque tiene implicaciones en nuestra vida diaria.

México ha sido concebido como país laico desde el siglo XIX. La razón no es fortuita. Una mirada al pasado nos puede ayudar un poco: nacimos como un país totalmente influido por una visión religiosa detentada por una élite política y clerical. No fue sino hasta el tiempo de Gómez Farías cuando apareció con todas las credenciales y concepto propio de la modernidad: la laicidad.

La modernidad occidental surgió de ideales emancipadores con la intuición de que era posible crear un mundo que respondiera a sus propias leyes, y en el cual la sociedad no fuera más producto del designio divino (en ninguna de sus acepciones) sino de la construcción de los ciudadanos.

En la ciencia, dejada la tutela de la teología y la filosofía, poco a poco fueron formuladas explicaciones de lo real que permitieron no sólo entender los fenómenos, sino anticiparse a ellos para producir beneficios como las vacunas, la asepsia y antisepsia. El conocimiento secularizado permitió que la responsabilidad de las cosas esté en manos de los seres humanos y no de dios alguno.

En la política las cosas tomaron el mismo rumbo. La ciudad —la polis— debería ser producto ya no de inspiraciones sacras sino de la construcción de los ciudadanos. Pero los dogmatismos religiosos complicaron las cosas.

Henri Pena-Ruiz en su texto Laicidad llama la atención: “Hay hombres que creen en un Dios. Otros, en varios. Otros, en fin, son ateos. Sin embargo, todos han de convivir” y ello supone que lo que tiene que ver con el poder público no puede ser de unos ni de otros, sino de todos, por ello en lo político y lo social “el objetivo de aquello que pueda unir a los hombres más allá de su diferenciación espiritual conduce a excluir a priori todo tipo de privilegio y anticipa así la violencia que podría resultar de ello […] ¿Cómo vivir las diferencias sin renunciar a compartir las referencias comunes?”

La laicidad es una llamada a vivir a partir de la conciencia de ser ciudadanos: mujeres y hombres que porque tienen responsabilidad sobre lo que les pasa o debería pasar, tienen derecho a participar en la solución de sus problemas. Para ello es necesario tratar de entender lo que nos puede unir a todos para resolver la existencia cotidiana, impidiendo que credos religiosos e ideologías filosóficas se vuelvan impedimento para la tarea común de crear un mundo en el que se pueda vivir con la dignidad de ser personas.

El ideal laico es poner la responsabilidad de la polis en los ciudadanos, quienes en la razonabilidad de sus convicciones personales están llamados al pluralismo y la tolerancia.

Laicidad es asumir la responsabilidad de que las propias visiones del mundo pueden sumar en un esfuerzo compartido y no ser factor que resta, como sucede cuando en nombre de una sola idea mujeres y hombres son sacrificados. La propia historia nos lo recuerda cuando volteamos a ver los genocidios realizados en nombre de los dioses o las ideas.

En la segunda mitad del siglo XIX este ideal comenzó a permear la visión política de nuestro país, devastado por guerras ideológico-religiosas. En el siglo XXI nos ha sido posible formularlo jurídicamente en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, pero queda aún la tarea de convertirlo en praxis de ciudadanía, porque tenemos muchos asuntos por resolver y hay que hacerlo encontrando lo que nos une, antes que lo que nos separa.