Publicado: Síntesis Tlaxcala, 08 de febrero de 2013.
Ni la
explosión en el edificio de Pemex ni el proyecto de resolución por parte del
IFE de que López Obrador excedió gastos de campaña han podido opacar la
indignación servida por muchos compatriotas a raíz de la excarcelación de
Florence Cassez. Familiares de las víctimas, activistas de los derechos humanos
claman justicia.
Para
recordar: la Suprema Corte de Justicia de la Nación en última instancia decretó
que la procuración del proceso contra la francesa se hizo de forma indebida, de
tal suerte que sin importar que la señora fuera o no culpable se le liberó
porque el ministerio público no hizo su trabajo como lo tendría que haber
hecho.
La
legislación señala cómo debe ser el proceder de una autoridad fiscalizadora
ante una posible conducta delictiva, lo cual se supone hecho pensando en las
víctimas, la condición humana del victimario y el interés público. Es
obligación de los burócratas involucrados procesar conforme a derecho.
Lo
conflictivo estriba en que todo lo presentado a la ciudadanía en torno a Cassez
muestra a una extranjera secuestradora, partícipe de una asociación
delictuosa que hizo daño a muchas personas cuyos familiares reclaman que sea
resarcido todo el mal que se les ha infligido. Todos nos sentimos incómodos por
su liberación.
Es urgente,
inmediato, mantener a personas así tras las rejas, en el lugar que tienen de
sobra merecido, incluso usando con alguna laxitud el marco jurídico; total: es
delincuente y bien merecido lo tiene.
Desde esta
perspectiva se entiende la animadversión contra la sentencia aprobada en el
máximo órgano jurídico. Hay una sensación de que nos han vulnerado a todos por
salvaguardar -tal vez- a una sola persona, que para colmo es europea y no
compatriota nuestra.
Creo
sinceramente que vale la pena detenerse un poco y mirar de manera menos
inmanente y mucho más trascendente; valgámonos un poco de la imaginación:
Cualquiera
de nosotros un día común y corriente es detenido por una autoridad judicial, la
que actúa a su entender, sea por ignorancia, sea por mala fe, como en el
documental «presunto culpable». En ese caso nuestra suerte parecerá echada, aun
cuando se fuera inocente: la tenemos perdida de antemano. ¿A qué apelar si las
cosas se pusieran así de feas? ¿Al parecer del agente del ministerio público?,
al del juez que sentenció con base en la averiguación que instrumentó el
primero? ¿A qué se cuenta con un amigo o pariente influyente?
La
respuesta sensata es: a que se siga la ley de una forma debida, correcta, de
tal manera que se pueda saber si realmente existió o no delito. De no ser así,
todo queda muy frágil, más de lo que es por la fragilidad y corrupción de
quienes la administran.
La
sentencia de la Suprema Corte me parece una invitación a fijarnos más allá de
lo inmediato, en lo trascendente: en que la justicia sea asegurada y justamente
procurada, impartida, fallada, dictaminada conforme a los procedimientos
legales que cobijen a los ciudadanos; que a partir de estos puedan ser
establecidas demandas contra quienes procedan fuera del debido proceso, sea por
la razón que fuere.
El momento
actual nos pide que relativicemos el sentimiento que nos produce la persona de
Florence Cassez para que apostemos por las de todos los mexicanos que debamos
acogernos a la justicia. Eso es lo razonable.
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