Autora: Marisol
Aguilar Mier
Publicado:
Puebla on Line, 03 de septiembre de
2012
Sin
lugar a dudas el panorama nacional muestra tintes de gran complejidad. El
movimiento magisterial se encuentra en un punto sumamente álgido ante la
aprobación de la Iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente que
constituye la “cereza del pastel” de la Reforma Educativa. Pero ¿qué es lo que
en esencia se busca cambiar?
Durante
estos últimos meses el poder legislativo ha tenido en sus manos tres
iniciativas de ley en materia educativa: a) la Ley del Instituto Nacional
para la Evaluación Educativa (INEE), b) la Ley General del Servicio
Profesional Docente (LGSPD) y 3) las modificaciones y reformas a la Ley General
de Educación, que permitan instrumentar las dos primeras. De este modo, se le
ha dado autonomía constitucional al INEE, mismo que ahora cuenta con una Junta
de Gobierno conformada por un grupo de académicos e investigadores de amplia
trayectoria profesional que deberán diseñar las estrategias, los criterios e
instrumentos para evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema
educativo nacional. Por otro lado, se establece la creación del Servicio
Profesional Docente en donde se definen las bases de ingreso, promoción y
permanencia en el servicio educativo.
Ahora
bien, la polémica Reforma ha traído consigo una serie de bloqueos y marchas
cuyo colofón es la instalación de un campamento de profesores en el zócalo
capitalino que no piensan marcharse hasta que sean escuchadas sus protestas
mismas que en resumen exigen la abrogación de las leyes secundarias
recientemente aprobadas y la rotunda negativa a la LGSPD. Su alegato es que
ésta atenta contra sus derechos laborales y que se trata de una reforma que no
se ha nutrido con sus propuestas ni con su participación.
Numerosos
analistas en materia educativa han denunciado vacíos e inconsistencias
importantes en la Reforma, especialmente en lo que corresponde a la LGSPD.
Entre las más significativas podemos mencionar: 1) No existe una clara
diferenciación entre profesionalización docente y evaluación. Se parte de la
premisa de que con el hecho de evaluar mejorará de manera automática la
práctica docente y por ende, el sistema educativo mexicano. Ciertamente la
evaluación es imprescindible para la mejora de cualquier proceso, pero no
suficiente. Menos aún, si ésta tiene un
carácter punitivo y se asocia al control y al poder dejando de lado su aspecto
formativo que es en suma, el que contribuye a un cambio positivo. 2) No hay
suficiente claridad en las responsabilidades de las autoridades federales y las
locales, así como tampoco una delimitación de lo que a cada una compete y 3) No
se estipula un proceso nacional uniforme de formación y de profesionalización
docente que coadyuve a que durante la carrera magisterial el profesor pueda
desarrollar las competencias necesarias para ejercer tan importante profesión.
El acento está puesto en la evaluación, más no en la formación. Con ello, lo
que ahora se denomina como un “sistema profesional docente” podría fácilmente
reducirse a una nueva administración de plazas en cada Estado que muy
probablemente no resuelva uno de los aspectos centrales que busca atacar la
Reforma: la plaza docente asumida como
moneda de cambio. Y eso es lo que está en el fondo de muchas de las
protestas (ya violentas) del magisterio. La Reforma pretende quitarles un poder
privado y exclusivo: el control para el ingreso, la permanencia y la promoción.
Por
ello, no son pocos los que, antes de aprobar esta Reforma y sus leyes
secundarias se inclinan por un análisis más profundo que contemple toda la
complejidad del sistema educativo nacional y del conflicto magisterial, sin que
este proceso se vea empañado por las prisas, el chantaje o las presiones. No
obstante, otros más consideran que no hay que doblegarse ante un magisterio
cuyo sindicato (llámese como se llame) ha demostrado durante décadas su
ineficacia, su abuso de poder, su cacicazgo, sus prácticas corruptas, opacas y
burocráticas que han anquilosado la mejora educativa.
Aunado a
lo anterior, en lo general la opinión pública muestra muy poca simpatía por el
movimiento de los profesores. Especialmente los capitalinos debido a que los
bloqueos, el cierre de las avenidas, y las marchas les afecta de manera directa
y cotidiana, así como los padres de familia cuyos hijos se han visto afectados
en no pocas escuelas de los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
pues no han podido iniciar el ciclo escolar. Además, se han sumado los medios
quienes a juicio de algunos expertos han emprendido una campaña de desprestigio
hacia los profesores a quienes se tacha de criminales,
flojos, vándalos y revoltosos, dificultando aún más la resolución del
conflicto.
Así
pues, tenemos ante nosotros condiciones muy poco favorables para un diálogo que
alimente una Reforma Educativa relevante, pertinente y actual desde la cual
podamos salir del atolladero en el que nos encontramos. Finalmente se puede
cambiar la ley pero si no cambian las estructuras, las creencias y la
mentalidad de todos los actores involucrados tendremos un cambio de forma y no
de fondo. Lo que debe privilegiarse ante todo, es la búsqueda genuina por
mejorar la educación. Y para ello, harán falta algo más que buenas voluntades.
Requeriremos además, una buena dosis de apertura y de análisis serio y
reflexivo. Después de todo, el cambio educativo muy difícilmente llegará a las
aulas si no pasa primero por los profesores y no se transforma toda la ineficacia
de un sistema empolvado y rígido. Para ello, tal vez debamos empezar por
cambiar las posturas de blanco-negro, ganar-perder y de todo-nada que hasta
ahora, no nos han permitido avanzar.
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