Autora: Marisol Aguilar Mier
Publicado en Puebla on line, el 11 de febrero de 2016.
Recientemente un estudio
del Banco Mundial publicó que al menos 20 millones de jóvenes de entre 15 y 24
años en América Latina, ni estudian ni trabajan. El año pasado la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalaba que en México se
cuentan alrededor de 7 millones de ninis, es decir, lo que equivaldría a una
tercera parte del total de jóvenes latinoamericanos.
Este
dato nos confirma una dolorosa verdad: los jóvenes en nuestro país son un
sector sumamente olvidado y desatendido por las políticas públicas, hecho por
demás irónico si se considera que en México el promedio de edad actual no
rebasa los 35 años. Por un lado, los estudios económicos señalan que nuestro
país cuenta con un bono demográfico que se traduce en un aumento en el tamaño
de la población en edad de trabajar, mismo que se estima seguirá creciendo en
la próxima década. Por otra parte, se calcula que 10 millones de jóvenes están
en edad de asistir al bachillerato o a la universidad y no lo hacen; 65 por
ciento de los desempleados es joven; uno de cada tres vive en situación de
pobreza; más de seis millones participan en el narcotráfico; 60 por ciento de
las personas encarceladas es menor de 30 años, 220 mil jóvenes emigra cada año
y uno de cada cuatro jóvenes es víctima de violencia.
La
conclusión ante estas cifras es contundente: los jóvenes en nuestro país sufren
de exclusión, marginación, violencia y desventaja en todos los ámbitos. Y estas
condiciones desfavorables se ven acrecentadas por la pobreza, la desigualdad y
la discriminación.
La
ironía justo radica en que nuestro país cuenta con una fuerza de trabajo joven
y numerosa, pero su enorme potencial se está desperdiciando porque el Estado ha
fracasado en su deber de garantizar y concretar el derecho a la educación
puesto que la deserción educativa de miles de jóvenes y adultos se da como
consecuencia de las condiciones de exclusión económica, social y cultural a la
que este sector se ve sujeto. Ello genera un círculo vicioso difícil de romper
pues los jóvenes abandonan sus estudios sin haber adquirido las competencias
básicas para afrontar los retos del mundo en el que hoy vivimos, limitando así
sus posibilidades laborales y el acceso a una vida digna.
Así
pues, ¿cuáles son las salidas para estos 7 millones de jóvenes a quienes
sistemáticamente se les cierran todas las puertas que abren posibilidades de
esperanza y calidad de vida?
Desgraciadamente
cuando se pierde el acceso a las oportunidades educativas y laborales la puerta
falsa es la ilegalidad vinculada a una serie de factores de riesgo sumamente
graves que incluyen la delincuencia, el alcohol y las drogas, pero más
alarmante aún, el sumarse a las filas del narcotráfico, que para muchos de
estos jóvenes representa una solución concreta para obtener ingresos económicos
de manera instantánea.
Ante
este desalentador horizonte, ¿qué nos queda por hacer? La solución del problema
sin duda es sumamente compleja, pero una de las llaves para abrir la puerta al
cambio es la educación. Solo mediante ella podremos revertir este círculo
vicioso y evitar la condena de toda una generación sumida en la ignorancia, la
pobreza y la falta de posibilidades de desarrollo y crecimiento personal y
laboral. Pero desde luego no se trata exclusivamente de la educación tradicional
que se ofrece en las aulas. Esta ha demostrado ya su fracaso al no lograr la
permanencia de los jóvenes y la culminación exitosa de sus estudios básicos. Se
necesita una educación pertinente: el Observatorio del Derecho a la Educación y
la Justicia (ODEJ) ha señalado la importancia de una oferta flexible y
diversificada en los procesos y modalidades educativas, que no solo abarque las
cuestiones operativas, sino también los contenidos y la manera de impartirlos.
En este marco la asignación de presupuesto constituye un factor clave en la
concreción del derecho a la educación, así como la formación de maestros
especializados en el trabajo con los jóvenes y sus necesidades específicas.
Sin
embargo, esto no es suficiente. Se requieren también políticas públicas que
atiendan de manera integral la problemática de la juventud y que proporcionen
además, espacios para recuperar el tejido social con programas culturales,
deportivos, recreativos y sociales a la par de programas preventivos así como
campañas para evitar la estigmatización y criminalización hacia los jóvenes por
su forma de vestir, su cultura o su aspecto. Ellos necesitan sentir que su país
no los rechaza o desecha como material dañado o de segunda, sino que son su
tesoro más grande, su capital más valioso y su esperanza para los años
venideros.
Este
panorama general nos deja ver algunas de las cuestiones que hay que atender con
urgencia. El esfuerzo sostenido de todos los actores y la vinculación entre las
diversas instancias será, sin duda, un elemento clave, si consideramos que las
acciones de hoy serán determinantes para el futuro.
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