Autora: Laura Angélica Bárcenas Pozos
Publicado en Lado B
a semana pasada el señor
secretario de Educación Pública dio a conocer el plan “Escuela al Centro” que
tiene como propósito resolver problemas específicos de las escuelas para elevar
la calidad de la educación.
La
primera medida de este plan es ajustar los calendarios escolares y que cada
institución pueda determinar cuántos días de clase trabaja. Este número de días
no puede ser menos de 185 días, ni más de 200. La argumentación es que en cada
región se presentan situaciones diferentes y que cada escuela podrá dar sus
argumentos de por qué quiere trabajar esa cantidad de días, aunque el número de
horas totales se mantendrán, es decir, las instituciones que elijan menos días,
tendrán que alargar sus jornadas de trabajo. Llama la atención que siendo esta
una buena medida, se vuelva a meter en el control y en la estandarización. Si
todos los alumnos tienen el mismo número de horas en la escuela, ¿tendrán la
misma calidad educativa?, ¿no la
calidad de la educación depende de otras cosas como lo que hacen los profesores
y la infraestructura?
Hay
regiones en que es necesario que los niños estén en la escuela porque padres y
madres trabajan para alcanzar un nivel de vida decoroso y si los niños y
jóvenes no están en la escuela, corren el riesgo de caer en malas manos. Pero
hay otras donde los niños y jóvenes dejan de ir a la escuela porque son
jornaleros y sus familias requieren de la mano de obra de los estudiantes para
responder a la tarea del campo; sin embargo,
15 días no serán suficientes. Estaríamos hablando de tres
semanas laborables, lo que no puede coincidir con el tiempo de siembra y
cosecha. Tal vez otra cosa que tendría que modificarse son los tiempos de
vacaciones y de eso se ha hablado mucho, pero no se ha resuelto nada. Por otro
lado, el total de horas no garantiza necesariamente mantener la calidad de la
educación y sí lo es la forma en que se aprovecha el tiempo escolar.
Otra disposición
interesante sería revisar a fondo los planes de estudio que están copados de
contenidos académicos. Estamos en la era de la información y se piensa que
entre más contenidos tenga el plan de estudios será mejor para los estudiantes
y para la calidad de la educación y no hay peor creencia que eso. Nuevamente
nos remitimos a la forma en que se abordan esos contenidos y a lo que realmente
les es útil aprender a nuestros estudiantes. Sin embargo, los
planes de estudio cada vez crecen más y cada vez más los profesores son
exigidos para cumplir con la totalidad de estos en el aula. Poco nos
preguntamos sobre la utilidad de esos contenidos, y sobre todo, nos
cuestionamos poco acerca del aprendizaje logrado de los mismos por nuestros
alumnos.
Otro tema
central de este plan es que habrá apoyos administrativos en las escuelas para
que los profesores se dediquen más al trabajo académico. Diversos
periódicos señalaron que varios profesores comisionados en el sindicato y que
no han estado frente a grupo regresaría a las aulas, cosa que parecía
alarmante, sin embargo al revisar las notas periodísticas era claro que estos
profesores regresarán a las áreas administrativas para desquitar lo que ganan,
dado que no tienen competencia pedagógica desarrollada y por tal motivo se
dedicarán a realizar esas tareas que le quitan mucho tiempo a los profesores en
la preparación de sus clases y en la evaluación de sus alumnos.
No sé si
eso sea suficiente, porque una de las ventajas de que cada profesor se hiciera
cargo de subir esta información a la plataforma de la SEP, es que en poco
tiempo se contaba con toda la información, si ahora lo hará una persona por
institución, a lo mejor la SEP tiene que flexibilizar los tiempos. Claro está,
que si esta persona se dedica cuarenta horas a la semana a realizar estas
tareas administrativas, tendrá suficiente tiempo para cumplir con ellas. Sin
embargo, los resultados de la evaluación sólo se reportan en ciertos periodos.
¿Qué harán el resto del tiempo estos profesores? Tal vez también podrían
dedicarse a gestionar los recursos que las escuelas necesitan para operar de
buena manera. Seguramente, trabajo no le faltará a este nuevo actor educativo,
pero es importante que pronto quede definido cuáles serán todas sus funciones.
Otra
medida que puede ser muy acertada es la que se refiere a que cada escuela
cuente con un monto para operaciones no planeadas, como pagar equipo de cómputo
que fue robado, o que hay que reparar algunos baños o que se rompieron algunos
vidrios con el paso de algún fenómeno meteorológico y que los directivos no tengan que gestionar
estos recursos y se puedan dar soluciones rápidas a estos contratiempos.
Empero, no es claro cómo se operarán estos recursos, de quién dependerá,
cómo se transparentará su uso, etcétera.
Aunque
espero que en el transcurso de las siguientes semanas se vaya hablando de cómo
este plan entrará en acción y dónde se
podrán consultar sus vericuetos, sería conveniente que las autoridades
educativas fueran pensando que requieren acercarse más a las escuelas, ver las
necesidades de las instituciones, de los docentes, alumnos y hasta de los
padres de familia, cosa que ya ha estado haciendo el secretario de Educación,
pero ahora falta que se vaya a escuelas rurales e indígenas, que ande los
caminos (pero todos) que andan los alumnos y profesores.
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