EL MIEDO Y LA IMPUNIDAD.

Autora: Ma. Eugenia Sánchez D. de R.
Publicación: E-Consulta, 10 de Julio de 2007

La apropiación autoritaria del miedo.

El miedo, dice Rossana Reguillo, es una experiencia subjetiva que se construye socialmente y se comparte culturalmente. A partir de septiembre 11 la apropiación autoritaria del miedo por parte de los poderes públicos ha dado un salto cualitativo. El reelaborado discurso de la seguridad nacional, el orden y la paz de tintes militarizados, la “seguridad democrática” y el “bien común” imbuidos de miedos, se van arraigando en las culturas locales justificando la búsqueda histérica de Zonas de Riesgo Cero, que como diría Daniel Mato son o la muerte o el fascismo; zonas “libres de Derechos Humanos” como Guantánamo; concesión de facultades judiciales al Ejército como en Colombia. La población, deseosa de vivir en “paz” y temerosa de un entorno caótico es, de esta manera, “disciplinada” por el poder con la colaboración de los medios de comunicación que exacerban los temores.

Es cierto que el miedo no es gratuito, que el narcotráfico no es un juego, como es cierto también que es un buen pretexto para generar otros miedos útiles al control social. Y este tipo de “disciplinamiento” termina por ser el mejor legitimador de la impunidad de los delitos del Estado, y el mejor estímulo a la violencia contra los que protestan o cometen delitos menores. Porque induce a centrarse en activistas sociales que hacen “ruido”, y encubre simultáneamente ese mal silencioso, frío, calculador, aséptico, eficaz, que proviene de la maquinaria del Estado, generalmente vinculada con instancias poderosas de diversa índole, como el apoyo del Gobierno Federal y el PRI a Ulises Ruiz o el nombramiento de presidenta vitalicia del SNTE a Elba Esther Gordillo o la liberación del General Acosta Chaparro.

¿Mario Marín vs. Lydia Cacho?

Los medios - salvo excepciones que no llegan a la mayoría de la población - se encargan de reducir y minimizar los crímenes del Poder con mayúsculas. Una manera de hacerlo es presentándolos con frecuencia como pleitos entre dos personas y no como problemas de arraigue estructural. Eso es lo que ha ido ocurriendo en el caso de Lydia Cacho. Se ha intentado descontextualizar el problema ante la opinión pública, dejando en la penumbra que lo que está en juego no es una lucha entre Mario Marín y Lydia Cacho, sino redes de pederastia que atentan de manera brutal contra la integridad de niños y niñas; que estas redes están vinculadas a funcionarios públicos de alto nivel; que la maquinaria del gobierno puede usarse impunemente rompiendo toda legalidad, desde la separación de poderes hasta la confabulación con empresarios carentes de ética elemental. No, no es un pleito entre Lydia Cacho y el Gobernador de Puebla, y es lamentable que población de diferentes estratos sociales se vaya acomodando a la mentira porque así conviene a su supervivencia, porque es más cómodo, porque el miedo acecha.

El asunto que está en juego y en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, por lo tanto, de EXTREMA SERIEDAD Y GRAVEDAD para el país y eso hay que decirlo a tiempo y a destiempo. Hay que gritarlo porque favores, dinero, propaganda y miedo han ido deformando y desgastando la realidad. Porque aunque la verdad jurídica no siempre coincida con la verdad real, no se le puede decir a la sociedad que las grabaciones que oímos en Puebla y que circularon por todo el mundo, no las oímos, y que esa compleja maraña de miedo, supervivencia, complicidad, desmemoria nos lleven a “tragarnos” lo de que Lydia miente, está loca, e imagina cosas, como sugirió la psicóloga de la PGR; o que tal vez lleguemos a convencernos de que no oímos, no vimos, no sabemos, porque a lo mejor también estamos locos, mentimos y nos imaginamos cosas. Hay que evitar que el Poder se apropie de nuestros miedos, los resignifique y nos discipline porque todos salimos perdiendo con ello.

La responsabilidad de la SCJN

La Corte, ocho ministros de once, que nos acababa de dar una muestra de institucionalidad con el asunto de la inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa, se echó para atrás en el asunto del Lydiagate a pesar del informe del ministro Juan Silva Meza. La Comisión de investigación presidida por el ministro Silva Meza aportaba las evidencias necesarias para declarar que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres actuó de manera concertada con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, con autoridades judiciales de Quintana Roo, haciendo uso ilegítimo del aparato de gobierno en contra de Lydia Cacho, con un ánimo vengativo por la publicación del libro Los demonios del Edén en el que se denuncia una red de pederastia y en el que aparece implicado el empresario Kamel Nacif vinculado al Gobernador de Puebla. La Corte pospuso sorpresivamente la votación del informe. ¿Qué significa esta decisión de la SCJN? Por lo pronto se hacen especulaciones, unas más fundamentadas que otras, como que la posible negociación de la reforma fiscal tiene que ver con esto.

En caso de que la SCJN no cumpla cabalmente con su deber, y exonere a Mario Marín, las consecuencias serán graves:

El gobernador se transformará de victimario en víctima, víctima de una acusación falsa por parte de Lydia Cacho, quien a su vez pasará de víctima a culpable. Será la lógica habitual e impecable del Poder, la de terminar culpabilizando a las verdaderas víctimas.

Se debilitará la lucha contra las redes de pederastia al no hacer justicia a una de las más valientes y representativas defensoras de los derechos de los niños y las niñas.

La credibilidad de la SCJN tendrá una caída inevitable, justamente cuando empezaba a fortalecerse y en un momento en que el país está tan necesitado de adquirir confianza en la institucionalidad.

Se ratificará el mensaje, de que dinero, favores, e intereses espurios siguen siendo, de manera burda y cínica, el eje del México “en transición a la democracia”

Fortalecerá la impunidad de los detentores del poder con todo lo que ello conlleva de miedos, resentimientos, violencias, y deterioro de la convivencia social.

Esperemos que la SCJN sea capaz de ir más allá de intereses mezquinos que empañan la convivencia y la dignidad de los mexicanos.