Crisis de Gobierno y Crimen Organizado

Autor: J. Gerardo Palomo González
Publicación: La jornada de oriente, 13 abril 2007

Uno de los principios estructurales del Estado-Nación moderno está dado por una firme relación de subordinación de las fuerzas armadas con respecto al poder civil. En estricto sentido, la función pública asociada a la organización del ejército se ubica entre las funciones más significativas del Estado y su desarrollo se asume siempre en función del bienestar de la Nación, es decir, de la sociedad políticamente organizada en una determinada forma de gobierno. Y al igual que las otras funciones de Estado, la que corresponde a la secretaría de la Defensa también está sujeta a una rendición de cuentas en términos de legalidad y de legitimidad política. Pero no corresponde a las instituciones mismas dar la palabra final con respecto a su desempeño, ya que dicha palabra corresponde democráticamente a la ciudadanía y a las fuerzas políticas que las representan. Lo que abre un sano y áspero debate. Pues igual que en el caso de la economía, de la educación o de la energía, en tanto funciones públicas, las responsabilidades políticas son de mayor trascendencia o de mayor costo para quien las asume hoy en día, considerando la situación político-económica por la que atraviesa el país y el hecho de que, por primera vez, el gobierno en turno tiene frente a sí una oposición organizada que representa a más de la mitad del país. Más lo que se acumule.
Por lo que a la situación político-económica se refiere, mencionemos que acabamos de pasar por un proceso electoral sumido en la incertidumbre y la sospecha, algo que nuestro país no se merecía visto el importante desarrollo institucional previamente logrado en el ámbito electoral. El resultado: una presidencia carente de legitimidad política e instaurada a la sombra de una pírrica legalidad. Los hechos de represión verificados en Atenco y en Oaxaca han sido de tal magnitud que nos llevan a pensar en un regreso a los peores métodos de la Guerra Fría: represión de toda forma de oposición organizada, actos de provocación para desprestigiar movimientos sociales, formación de grupos paramiltares, la desmoralización mediante la vejación de todas aquellas voces que protestan y resisten, desapariciones y asesinatos. En cuanto a la economía, bastaría con señalar que la falta de empleo o el abandono del campo, la ausencia de una efectiva política de estado para lograr la autosuficiencia alimentaria, terminan por provocar un flujo migratorio y con él uno de los principales temas de la agenda bilateral con el vecino país del norte, tema con respecto al cual somos vulnerables.
A su vez, tenemos un fuerte cambio en nuestra geografía política representado por lo que se perfila como la primera fuerza de oposición del país y de izquierda. Por lo que gobernar empieza a dejar de ser, felizmente, un paseo por el mercado de los compadrazgos. Puntualicemos, se trata de una oposición social y política forjada ante el deterioro de grandes funciones públicas como la educación, la economía, la salud o la seguridad. El descontento social que hoy se advierte en el conjunto del país no es producto sino de una administración gubernamental que durante ya casi medio siglo ha permanecido ajena al interés de la Nación: su desarrollo y bienestar.
En el terreno de la seguridad pública, función de Estado, tenemos un aumento de la delincuencia, el gravísimo caso representado por los feminicidios, de todas las formas de atraco al ciudadano (ventas fraudulentas de terrenos, de carros, de permisos de toda índole o mercancías adulteradas), del contrabando y sin dejar de mencionar el narcomenudeo, en suma, un singular incremento de la inseguridad con una atmósfera de miedo como corolario. Pero no es mucho lo que se hace para impulsar las reformas, éstas sí estructurales, para modernizar y con ello profesionalizar al conjunto de los cuerpos policíacos del país. Una auténtica política de Estado en este sentido incluye necesariamente a los tres niveles de gobierno.
Otro rubro es el que se refiere a la violencia entre bandas y cárteles del narcotráfico entre los que se advierte la presencia de actores, extranjeros y otros, con entrenamiento castrense y una secuela de enfrentamientos y ejecuciones en diferentes puntos del país; a lo cual hay que agregar los graves efectos de la corrupción en las instituciones y la penetración del lavado de dinero en las economías regionales. Lo que nos permite advertir que las políticas diseñadas para enfrentar este problema, si alguna vez las hubo, no identificaron las causas reales del mismo. Por lo que no estaría fuera de lugar señalar que la seguridad pública, como función de Estado, está en crisis. Y es en estas condiciones en las que el ejército atiende la instrucción de iniciar una operación en contra de una variante del crimen organizado: el narcotráfico.
Un operativo de esta naturaleza presenta diferentes ángulos de análisis y uno de ellos consiste en precisar las razones por las cuales la administración anterior no enfrentó realmente el problema. Lo que hubiese evitado que hoy en día se tenga que recurrir al ejército para tratar de solucionarlo. Pues el hecho mismo de que se haga intervenir al ejército es una clara expresión de la crisis de gobierno a la que ya hicimos referencia, dado que se trata de un tema de seguridad que debió haber sido atendido y resuelto por los cuerpos de seguridad pública.
Es claro, asimismo, que una función pública como la que radica en una secretaría o en un ministerio de Defensa no sabría desarrollarse, al igual que otras funciones de Estado, sin enfrentar contradicciones. Y una de ellas estaría dada por lo que se espera como resultado de sus operativos sobre el crimen organizado y el hecho de que resulta realmente difícil mencionar casos en los que un ejército haya logrado resolver el problema por sí sólo. No está de más mencionar el caso de Afganistán (647,500 kms2 de superficie) en donde se constata una importante fuerza (ISAF) multinacional con 31,000 efectivos, aproximadamente, y cuyo comandante en jefe declaró en mayo del año pasado que en el 2005 se llegaron a producir 4 mil 500 toneladas de opio. Un crítico resurgimiento del narcotráfico. Aunque también podría mencionarse el caso colombiano con su sintomática deriva paramilitar y en el que el problema no sólo no se ha resuelto sino que inclusive se ha vuelto crónico.