Autor: Gerardo Palomo González
Publicación: La Jornada de Oriente, 5 de septiembre, 2008
La problemática del crimen organizado tal como la conocemos hoy en día empezó a configurarse en los años de 19921994, aproximadamente, y desde entonces han pasado cerca de 16 años durante los cuales han estado al frente del gobierno federal cuatro administraciones, dos gobiernos del PRI y dos del PAN, incluyendo al grupo actualmente instalado en Los Pinos. Se trata de cuatro gobiernos que han dispuesto de todos los medios del Estado para estudiar y analizar el fenómeno, realizar los diagnósticos necesarios, precisar los medios materiales y humanos para enfrentarlo, definir las políticas públicas correspondientes e ir haciendo los ajustes necesarios conforme se avanzaba en su tratamiento. Sin embargo, considerando el persistente clima de violencia gansteril y el tremendismo de sus acciones, la formación de bandas con medios de fuerza que rebasan a las autoridades locales y estatales, sin dejar de lado el proceso de cooptación de que han sido objeto estas últimas y que también llega a niveles federales o la multiplicidad de ejecuciones que siguen ocurriendo después de la “Cumbre” realizada del pasado jueves 21 de agosto; es claro que es muy poco lo que se ha hecho y la situación por la que atraviesa el país sólo puede calificarse en términos de una verdadera crisis de seguridad pública. Lo cual pone en entredicho una de las funciones más importantes del Estado y de todo gobierno, garantizar la seguridad interna de la nación.
El actual grupo en el gobierno cometió además el grave error de involucrar al ejército en dicha tarea en lugar de haber emprendido la tarea de reformar, en todo caso al mismo tiempo y como política de estado, los cuerpos policiacos del país mediante su efectiva profesionalización. Y no deja de llamar la atención el hecho de que este último tema, también crucial para cualquier Estado visto que lo que está en juego es nada más y nada menos que la legitimidad política de esta última instancia con respecto al conjunto del país, se maneje a diestra y siniestra sin que se precise su contenido y se insista en que todo se resolverá con más tecnología, el negocio de unos cuantos, y más medidas de fuerza, más armas y poder discrecional.
El paseismo del gobierno actual con respecto a este tema es tal que no podemos dejar de hacernos las siguientes preguntas dada la gravedad del problema: ¿se puede decir que desde su instalación en Los Pinos el grupo gobernante empezó a delinear y poner en marcha una política de coordinación sólida entre las diferentes dependencias a las que compete trabajar sobre este grave y crítico tema de la agenda de seguridad del país?, dado que es ya un tema de seguridad nacional considerado por lo menos desde el punto de vista de sus efectos en la frontera norte del país y la repercusión de estos últimos en la agenda bilateral con el vecino país del norte; ¿consideró dicho grupo que los dos secretarios de Gobernación que se han sucedido en el cargo tenían el perfil profesional más adecuado en términos de conocimientos, capacidad de análisis y experiencia política para enfrentar al crimen organizado en su variante narcotráfico y en la parte que le correspondiese a esa secretaría?, ¿en función de qué criterios se decidió que fuese el ejército el que enfrentara dicho problema a sabiendas de que dicho instituto no está diseñado para este tipo de tareas?, aspecto que cualquier analista con un sentido profesional–académico de estos asuntos sabe reconocer; ¿quién fue el promotor de dicha idea? o, en suma, ¿sabe realmente el actual gobierno a lo que se está enfrentando? Porque si la respuesta es positiva entonces no ha tomado las medidas que sí contribuirían a resolverlo y esto nos permite pensar que lo que ha estado haciendo es tratar de capitalizar a su favor la situación de inseguridad que padecemos todos los ciudadanos de este país; lo cual explicaría también, si asumimos que sí sabe a lo que se enfrenta, que se nos haya estado entreteniendo con una versión de dicho problema cuyo único objetivo consistiría en redituarle el máximo beneficio electoral infundiendo miedo y temor en la población, con el apoyo además de medios de comunicación cuya labor de distorsión es ya proverbial y en detrimento de la ciudadanía. Es claro, amable lector, que si el gobierno no sabe a lo que se enfrenta el grupo que asume representarlo debería ser el primero en ubicar la puerta de salida.
La situación se complica si tomamos en cuenta que el gobierno en turno necesitaba una “guerra” en lo interno para ganar algo de la legitimidad política que nunca conquistó en las urnas. Y ahora sucede que ya reconoció haber perdido dicha “guerra” desde el momento en que aceptó el curioso advice de realizar la “Cumbre”. Con lo cual lo único que logró es probablemente que uno que otro actor le pasara la factura política a cambio de algo de seguridad. Actores que, por cierto, también quieren participar en ese gran negocio neoliberal representado por la privatización de Pemex y que dejaría a nuestro país sin medios de poder para impulsar su política exterior a favor de nuestro propio desarrollo.
Ahora bien, tal y como lo hemos expresado en otras entregas, la problemática a la que se enfrenta el grupo en el gobierno tiene como punto central y de partida explicar el crecimiento inusitado del crimen organizado (CO) en su variante narcotráfico (Nt), y de la cual se derivan muchas de las manifestaciones de violencia e inseguridad que todos conocemos. Y sucede que es la caracterización de la estructura de dicha problemática la que nos ofrecería, al mismo tiempo, una explicación. Por lo cual, como primera premisa, bien puede argumentarse que dicho crecimiento se debe a su relación con otros actores. Unos de carácter político, grupos de poder político (Gpp), y otros de orden económico, grupos de poder económico (Gpe). Con lo cual queremos decir que a lo que se enfrenta el gobierno no es al crimen organizado como actor único sino a una estructura de relaciones en la que este último no es sino el actor más visible. Y dicha estructura se puede formular como sigue: [(CO: Nt) / (Gpe/ Gpp)]. En donde el sentido de la diagonal indica, además, relaciones de subordinación
Es claro entonces que la tarea no es nada fácil, que la construcción de soluciones requiere una efectiva política de estado, de un equipo gubernamental que piense realmente en el fortalecimiento de nuestro país y en cuyos cálculos se tome en cuenta el sencillo derecho de nuestra existencia social como ciudadanos. Algo muy distante del “derecho” que se atribuye y más le preocupa a lo que se nos ofrece como gobierno en turno: la venta de esta nación.
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