Autora: Ma. Eugenia Sánchez Díaz de Rivera
Publicacion: La Jornada de Oriente, 4 de septiembre, 2008
No sólo no es “políticamente correcto” en este momento cuestionar la Marcha contra la Inseguridad sino que se corre el riesgo de ofender a cientos de personas que han sufrido de diferentes formas el impacto de la violencia creciente que impera en el país. Y eso de ninguna manera, que quede claro, es mi intención. Me parece simplemente desgarrador el dolor de tantas mujeres y hombres, jóvenes y adultos que de alguna forma pudo expresarse en las marchas que tuvieron lugar el sábado 30 de Agosto. Pero no elucidar los aspectos de la realidad que obscurece esa marcha que pretendía “iluminar México” es también una falta de responsabilidad. Aunque se ha hecho ya en diferentes medios, no puedo dejar pasar la ocasión de expresar mi punto de vista.
Una marcha en demanda de la seguridad y en contra de la impunidad y la delincuencia que no hace referencia a las causas que la originan y al carácter selectivo de la misma demanda, se puede convertir en lo contrario: un ejercicio para encubrir dicha impunidad y dicha delincuencia.
¿Por qué México Unido contra la Delincuencia y las demás organizaciones convocantes a la marcha no se hicieron presentes ante uno de los más graves, importantes y emblemáticos casos de delincuencia e impunidad que fue el de Lydia Cacho – Mario Marín, caso en el que la autoridad moral, nada menos que de la Suprema Corte de Justicia, quedó en entredicho dañando de manera lacerante la ya deteriorada institucionalidad del País. ¿Los niños y las niñas de México no merecían alguna reacción?
¿Dónde estaban esas organizaciones ante el abuso y el homicidio, también emblemático, de una mujer en el máximo grado de vulnerabilidad: mujer, pobre, indígena y anciana, el de Ernestina Ascencio, presuntamente de manos de militares? ¿Y ante la absurda e indignante respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
¿Se ha visto a las organizaciones convocantes o a sus representantes reprobar le evasión fiscal de las grandes empresas a las que además, según la Auditoría Superior de la Federación, se les devolvieron -entre 2001-2005 - 604 mil millones de pesos, y solamente en el primer semestre de 2008, 93 mil millones de pesos, que no se han traducido en inversión productiva? ¿No merecían algún comentario esos hechos que muestran la co-responsabilidad de los grandes empresarios en el aumento del desempleo y en la generación de pobreza que orilla a tantos jóvenes a involucrarse en esa “conexión perversa” que es el crimen organizado? ¿Se han inmutado ante la impunidad frente a las muertas de Juárez o de los mineros de Pasta de Conchos? ¿Frente al hostigamiento constante y creciente del Ejercito hacia las comunidades indígenas?
¿Es muy tendencioso preguntarse por qué todos esos casos de violencia atroz, generalizada y paradigmática no han aparecido en las pantallas de TV Azteca y Televisa o han aparecido para ser minimizados y hasta legitimados, mientras que a la reciente Marcha contra la Inseguridad la volvieron todo un espectáculo?
¿Qué reacción se constató en esas cadenas televisivas o por parte de las organizaciones antes mencionadas ante el insulto sufrido por la ciudadanía, sí, insulto, que significó ver en la firma de un Acuerdo por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia a personajes como Elba Esther Gordillo, Ulises Ruiz, Mario Marín, Ernesto Peña Nieto o Carlos Romero Deschamps?
¿Nos sugiere algo que ese mismo día a Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, se le hayan añadido 45 años más a los 67 años a los que ya se le había sentenciado por “secuestro equiparado”? ¿Habrá sido la coincidencia un gesto simbólico de los que puede significar “orden”, “autoridad” y “seguridad” anunciados por Felipe Calderón en esos spots que ofenden la inteligencia de la ciudadanía?
¿Qué no tenemos ya la experiencia de lo que les pasa a los ciudadanos que exigen seguridad en sentido amplio, es decir justicia para una vida digna para todos, que exigen un viraje serio a las políticas económicas, una superación del racismo, una develación de la corrupción en cúpulas de la clase política, del sector privado y de sindicatos? Podemos preguntárselo a Carmen Aristegui, a Lydia Cacho o a las comunidades zapatistas.
Sí, las marchas del sábado 30 de agosto iluminaron los efectos de la situación de violencia desparramada en la nación, pero al ocultar las causas no estoy segura que le hayan dado un buen servicio a la paz y a la dignidad de los mexicanos.
1 comentario:
Quiero manifestar mi acuerdo con lo expuesto por la escritora. Es de celebrarse que mentes lúcidas, que afortunadamente hay muchas, expongan de manera clara lo que los distintos tipos de poder en México pretenden utilizar para su provecho político y para su embaucamiento de masas. Ciertamente,los casos que menciona la autora no merecieron el mínimo espacio informativo de parte de los monopolios de medios, ni la solidaridad de las organizaciones con superficie "civil" como "Iluminemos México"
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