Autora: María Eugenia Sánchez D de R.
Publicación: La jornada de oriente, 30 marzo 2006
¿Qué sigue? ¿Olvidar? ¿Absolver mediante sofisticaciones legales los agravios a lo más profundo de la dignidad humana? ¿Defender lo indefendible por temor a las represalias? ¿Aceptar que se encierren el corazón y la memoria de un pueblo en un cajón oscuro porque no fue posible tapar el sol con un dedo? No se qué sigue, pero duele, inquieta, daña lo que está ocurriendo. Por esa razón, por si los micrófonos en el zócalo poblano no funcionaban bien el 26 de febrero, día de la primera marcha, y porque el texto desgraciadamente sigue vigente, escribo lo que ese día dije en medio de vientos fríos y nubes obscuras.
“Buenos días a todas y a todos:
Nos hemos reunido este día porque nos duele profundamente lo que está pasando en nuestro Estado de Puebla, y que representa lo que ocurre en muchas otras partes del país.
Estamos reunidos para manifestar, en primer lugar, que la presunta complicidad del Gobierno del Estado con lo más oscuro del negocio del crimen, la prostitución de menores, nos ha causado una profunda indignación.
No se trata solamente de una colusión del poder político con el poder económico, hecho que está siempre presente y que no debemos de cejar en denunciar, se trata de la complicidad en ámbitos que degradan de manera abominable a la sociedad y a sus instituciones.
Estamos reunidos para denunciar la posible confabulación del poder ejecutivo y el poder judicial, en un intercambio de favores con un tipo de empresariado que se sustenta en las redes de pederastia y en la explotación despiadada de los trabajadores de las maquiladoras.
Esta presunta confabulación está llevando a la brutal agresión de los periodistas, y el caso de la detención de Lydia Cacho es verdaderamente escandaloso. Está llevando a la agresión de los defensores de derechos humanos, y el caso de Martín Barrios, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, cuya cabeza ya tiene precio es una evidencia más. Estos hechos y sobre todo el trasfondo que los sustenta están destruyendo los de por sí restringidos espacios de libertad de expresión y de protección ciudadana en el Estado de Puebla. Queremos construir un país justo, sin violencia, y lo que se está generando desde el poder es rabia y miedo.
Enfrentamos un problema de ética social de suma gravedad que consideramos debe de ser denunciado firmemente por toda persona que considere que la dignidad humana es el centro del Estado de Derecho.
Exigimos a las Instituciones Republicanas de nuestro Estado y de la Nación que asuman las responsabilidades que el pueblo de México y el Pueblo del Estado de Puebla les hemos encomendado. Hemos sido nosotros y nosotras, quienes les hemos prestado una parte de nuestro poder para gobernar, y somos nosotras y nosotros quienes, con nuestros impuestos, sostenemos el funcionamiento de dichas instituciones. Por lo mismo, somos nosotros quienes exigimos que asuman las responsabilidades a las que se han comprometido, y que procedan con seriedad a las investigaciones pertinentes. Ya no estamos dispuestos a aceptar el discurso de que “se investigará hasta sus últimas consecuencias”, para que después no ocurra nada.
Por esa razón, para facilitar esas investigaciones, para recuperar o construir la credibilidad de la ciudadanía en la institucionalidad y en la legalidad, consideramos indispensable que el Señor Gobernador Mario Marín Torres y la Señora Procuradora de Justicia Blanca Laura Villeda Martínez se separen de su cargo “.
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