Autor: J. Gerardo Palomo González
Publicacion: La jornada de oriente, 4 agosto 2006.
La forma en que se condujo el proceso electoral del 2 de julio y sus resultados han terminado por instalar al país en una crisis política cuya gestación se advertía desde el momento en que partidos y gobierno avanzaban hacia dicho acto en sus respectivas crisis. Y la razón es sencilla: el antiguo régimen permaneció en píe sin que se advirtiese ni visión ni voluntad política por parte del gobierno y su partido, en el sentido de impulsar por lo menos dos líneas de trabajo cuyas agendas terminaron, por así decirlo, trabadas. La primera se refiere a grandes problemáticas del ámbito interno como el crimen organizado, medio ambiente, combate a la pobreza y educación, o a un decidido impulso al rubro energético en el que se apoyara la política exterior, por ejemplo; la segunda comprende al conjunto de reformas políticas que era necesario enfrentar para sentar las bases de un nuevo régimen político. Condición indispensable para contar con una dinámica política efectivamente democrática que atenuara la fuerte conflictividad que implica solucionar las problemáticas anteriores y estructurando las relaciones entre los diferentes actores políticos en torno al interés de la nación.
Por el contrario, el llamado gobierno de la alternancia se desgastó intentando privatizar la seguridad social, no frenó el crecimiento del crimen organizado pero sí manipuló las instituciones de la República tratando de desaforar al jefe de gobierno de la capital del país; cultivó una necedad llamada “reformas estructurales” y se dedicó también, con singular aplicación, a preservar los privilegios corporativos de cuanto sector le rindiera homenaje. De manera significativa, la missdel magisterio, uno de los principales operadores de la Guerra Fría del Imperio, y los grandes consorcios televisivos, también dominados por intereses geopolíticos ajenos a nuestro país, recibieron trato especial. Auténticos grupos de poder, entre otros, con cuya ayuda el candidato del partido en el gobierno siguió una trayectoria electoral caracterizada por la mercadotecnia del miedo, deliberadamente ajena a las grandes problemáticas nacionales, sin propuesta de soluciones, tratando de atribuir algo de providencialismo a un candidato cuya experiencia de gobierno fue sencillamente mediocre y ocultando la ausencia de resultados del gobierno saliente. Un conjunto de inconsecuencias que ha terminado por ampliar la crisis política ya mencionada si tomamos en cuenta que, por un lado, al no atender realmente los grandes problemas del país la administración gubernamental panista no respondió al mandato que le otorgó la sociedad en 2000; y, por otro, que tampoco logró consolidar la estructura de un régimen democrático en cuyo contexto los principales actores políticos establecieran las reglas de actuación entre ellos y con respecto al poder en función del interés de la nación. Un objetivo que implicaba construir una voluntad política plural para poder avanzar en la eliminación de privilegios corporativos. En lugar de esto lo que tenemos ahora es un deterioro institucional más, la pérdida de credibilidad del otrora ejemplar IFE, y la generación de un conflicto mayor: el hecho de que la elección presidencial misma no esté resuelta.
La figura política del candidato panista presenta un déficit de legitimidad no sólo por el hecho de aferrarse a una discutible ventaja electoral de medio punto porcentual y pretender que esto sería suficiente para hacer gobierno, sino también porque al estar en entredicho la propia actuación del IFE, cuestionamiento en el que también participa la comunidad científicoacadémica del país, dicha ventaja pierde credibilidad y consenso por parte de actores políticos y sociedad; a lo cual se agrega la suspicacia generada por el hecho de oponerse radicalmente a la apertura de los paquetes electorales y el hecho, contradicción mayor para el propio PAN, de que el pírrico medio punto no existiría de no haber contado con la “ayuda” de esa parte del PRI que decidió apoyarlo de manera velada o abierta.
Y resulta que el candidato panista invoca un gobierno de coalición para resolver la falta de legitimidad de la administración gubernamental que él presidiría. Cuando lo único que estaría buscando es integrar con otras fuerzas, en particular con partidos de izquierda, un gobierno que apruebe y “legitime” la entrega de Pemex, de la CFE e inclusive de los importantes recursos bióticos con los que cuenta el país, a las grandes multinacionales del vecino país del norte. Pues como fiel representante de los grupos de poder que financiaron y apoyaron su campaña, ahora le toca entregarles los principales elementos de poder (Aron) que todo Estado-Nación reconoce como tales. Y sería difícil descartar que ciertos sectores del PRI decidan apoyar dicha maniobra pues tampoco serían ajenos a los intereses de tales grupos.
Finalmente, un aspecto a no perder de vista en medio de esta crisis, es el que nos indica que lo más apegado a los intereses del imperio y los grupos de poder políticoeconómico contrarios al interés de la nación, es precisamente un gobierno débil cuyo déficit de legitimidad lo obligue a negociar desde el principio reconocimiento y un apoyo externo constantes. Con lo cual su toma de decisiones se daría en función de una relación de dependencia que no le dejaría mayor margen de maniobra y sería fácilmente manejable desde el exterior.
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