Autora: Ma. Eugenia Sánchez D. de R.
Publicación: E-consulta, Pendiente.
Los tratados internacionales de Derechos Humanos y las realidades nacionales.
Investigadores de la Universidad de Princeton (Emilie M. Hafner-Burton), de la Universidad de Michigan (Kiyoteru Tsutsui) y de la Universidad de Stanford (John W.Meyer) se dieron a la tarea de estudiar en 177 países, la relación existente entre el número de tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado y la situación interna de dichos países en esa materia. (International Sociology. January 2008.ISA)
A partir de un meticuloso trabajo para determinar los indicadores de represión o protección de los derechos humanos (niveles de terrorismo político: asesinatos, tortura u otro trato cruel e inhumano, detenciones prolongadas sin cambios, desapariciones, detenciones clandestinas y otras violaciones flagrantes a la vida la libertad y la seguridad de las personas) y de recopilación de información relevante , los autores analizaron la situación de represión o protección de los derechos humanos en 177 países a lo largo de 27 años, de 1976 a 2002.
Encontraron algo que no nos sorprende, que los países más represores firman el mismo número de tratados que los países calificados positivamente.
En 2006, ya terminado su estudio, señalan los autores que muchos de los gobiernos más violentos y represivos hicieron nuevos compromisos sustanciales en el ámbito de los derechos humanos: Sudán ratificó 4 de los 7 más importantes tratados, China ya había ratificado 5 y ratificó dos más, Argelia, Sierra Leone y la República Democrática del Congo han ratificado 6.
Independientemente de las críticas que pueden hacerse a la forma como se calificaron los diferentes países - por ejemplo los autores no mencionan que ninguno de los estados de la Unión Europea y que son calificados positivamente, ha firmado el Tratado de protección de los derechos de los migrantes- el estudio es sumamente interesante.
¿ Por qué actúan así esos países que saben que no aplicarán la normatividad de los Tratados? Se preguntan los investigadores para concluir lo siguiente:
Los estados nacionales modernos buscan legitimación externa adecuándose a diferentes estándares internacionales que en las últimas décadas han dado mucha importancia a la normatividad relacionada con los derechos humanos.
Las tendencias globales que favorecen lo no rendición de cuentas casi en ningún terreno crean un círculo vicioso. Los gobiernos propensos a violar los derechos humanos han aprendido que comprometerse con la normatividad internacional es algo simbólico y virtual, y que no tiene costos.
Los gobiernos represores, débiles en su legitimidad interna, son los más urgidos a ser reconocidos internacionalmente como respetuosos de los Derechos Humanos.
México: la imagen exterior y la realidad interna.
México ha suscrito los principales Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Y durante la administración de Vicente Fox se ratificaron varios más.
Además en junio de 2006, México asumió la Presidencia del recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.
¿Será por esta visible distancia entre el discurso y la realidad que en un lapso corto de tiempo México ha recibido la visita y el informe de numerosos representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos de reconocido prestigio? El informe de Amnistía Internacional 2007 y la visita de su secretaria General Irene Khan en agosto de 2007; el informe sobre la CNDH de Human Rights Watch y la visita de su director José Miguel Vivanco; la visita de Louise Arbour la titular de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) en febrero de 2008; la visita de Iñaki García y representantes de la organización europea Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).
Todas esas visitas han ido acompañadas de serías recomendaciones, sobre serios problemas detectados en el ámbito de la violación de los derechos humanos, o sea en la protección del estado de Derecho.
Se ha cuestionado la impunidad creciente de gobernantes y funcionarios públicos. Louise Arbour, aseveró: “En México el tema de la impunidad es el mayor reto que hay que enfrentar y derrotar.” O ¿Qué fue el fallo de la SCJN respecto al caso Mario Marín-Lydia Cacho? ¿Las atrocidades de Atenco? ¿Los múltiples crímenes en Oaxaca? ¿Los feminicidios de Juárez? ¿Los mineros de Pasta de Conchos?
Se ha cuestionado la acción del Ejército, lo inadecuado de encomendarle tareas de seguridad pública y la impunidad que se le ha ido construyendo. ¿No hemos sido testigos de infinidad de violaciones en diversos estados de la República y que no han sido castigadas?¿De hostigamientos que pueden llevar a situaciones cada vez más graves como está ocurriendo en Chiapas?¿ En qué nivel de ignominia puede colocarse el caso de la anciana mujer indígena Ernestina Ascencio?
Se cuestionó de manera severa, en el informe de Human Rights Watch , la inoperatividad y complicidad de la CNDH. Se analizaron 40 casos que no incluyeron el de Ernestina Ascencio porque ocurrió cuando la investigación del informe ya estaba por terminarse y que ciertamente acabó con la poca credibilidad de la CNDH.
La Reforma Judicial.
Este es el contexto institucional en el que tiene lugar la Reforma Judicial y no es poca cosa.
¿Qué nuevo tratado firmará el Gobierno? ¿Qué nuevos puestos y discursos a favor de los derechos humanos se preparan para legitimar las consecuencias terribles que pueden traer los aspectos de la reforma judicial que elevan a rango constitucional el arraigo y permiten los allanamientos sin orden judicial? Por supuesto que es para alarmarse y huele muy, pero muy mal.
El abuso del discurso de la Seguridad Pública está obscureciendo asuntos más graves como el de la desigualdad socioeconómica decía Louise Arbour. Y añadimos, está legitimando la persecución de los defensores del estado de derecho, porque ¿qué otra cosa es la defensa de los derechos humanos?; está legitimando una represión que muy probablemente irá en aumento.
Si se aprueba, como se prevé, la reforma judicial sin eliminar lo relacionado al arraigo y a los allanamientos y cateos sin orden judicial tenemos mucho de qué preocuparnos.
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