Autor: José Rafael de Regil Vélez
Publicación: La Primera de Puebla, 9 de septiembre de 2009
El pasado 1 de septiembre inició la LXI Legislatura con la instauración de la Cámara de Diputados. Los centenares de legisladores de mayoría y de representación están ya en sus curules. Heredan los pendientes de sus predecesores: proyectos de ley, reformas estructurales, una forma sensata de relación con los otros dos poderes del Estado.
Víctimas de la propaganda electoral, es fácil que pensemos que una vez que hemos asistido a las urnas terminó nuestra injerencia política y que lo demás compete a los electos por el pueblo. Nos convertimos en espectadores de la escena pública y nos asemejamos a quienes van al cine y al terminar la película con gran emoción comentamos que estuvo buena o, si no corrimos con suerte, expresamos con sentimiento que estuvo mal.
En materia de política nos sentamos con mayor o menor comodidad en el sillón y hablamos de la competencia o incompetencia de legisladores y de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. Y pareciera que esa es nuestra cuota de ciudadanía: años de sistema nos han hecho creer así.
Una mirada de lo más simple a la realidad de todos los días nos dice que salir adelante en cada municipio, estado o en el país mismo requiere mucho.
En materia de seguridad nos topamos con las mentiras o verdades a medias de los encargados de la procuración de la justicia, como en el caso de los secuestros recientes en los cuales los familiares han tenido que acicatear a las autoridades para que un poco de verdad haga luz en torno a los casos que los ocupan.
Los resultados en materia educativa nos dejan muchas preguntas. Recién el día en que escribo este texto, lunes 7 de septiembre, el secretario de Educación Pública reconoció que los resultados de la prueba Enlace de Bachillerato pasada dejaron mucho que desear, ratificando lo que arrojó la prueba PISA, estándar internacional que mide el razonamiento lingüístico, matemático y científico de adolescentes de 16 años y en el que México no ha obtenido lugares satisfactorios.
Podríamos recorrer los demás rubros de la vida pública con similares resultados: siempre hay pendientes. A algunos nos queda la sensación de que ser espectadores de los políticos no basta.
En algún momento los ciudadanos fuimos despojados del protagonismo que nos corresponde –realmente en la posrevolución- y por comodinos abandonamos nuestras posibilidades de opinar y actuar en los problemas públicos. Cuando mucho se practicó una presencia clientelar, al servicio de las necesidades del partido en el poder o de los grupos de presión en la oposición.
Los años ochenta y noventa fueron ricos en la recuperación del espíritu y las acciones de participación. En distintos lugares y de muy variadas formas fueron apareciendo iniciativas ciudadanas para afrontar primero la tarea democratizadora del país y casi simultáneamente las deudas pendientes en materia de derechos humanos, desarrollo sostenible, entre otras. Nacieron las ong, hoy organizaciones del tercer sector.
La presencia ciudadana en las acciones políticas sigue siendo difícil porque el clientelismo es práctica cotidiana y la indiferencia abunda.
Aunque parezca lugar común conviene señalar la importancia que tiene la educación para que en un futuro no tan lejano la sociedad tome el lugar que realmente le corresponde en el ejercicio del poder.
A mi parecer, las instituciones educativas tienen un papel determinante, no sólo porque puedan dar información cívica –que tanto tiempo estuvo en desuso-, sino porque puede generar verdaderos espacios de participación de los cuales derive una adecuada cultura política. Y es que la educación es privilegiada, porque puede crear micro-cosmos y talleres de vida en los cuales educadores y educandos experimenten que el ejercicio compartido y dialogado del poder para lograr algún tipo de bien común es de alguna manera posible, aunque difícil.
Esto supone una visión amplia del proceso educativo, como mucho más que capacitación. La formación de mujeres y hombres competentes para la vida diaria y las decisiones que implica supone para las escuelas una manera distinta de organizarse, en la cual los valores de solidaridad y participación política puedan ser vividos mediante la organización de organismos colegiados, el proceder por proyectos que impliquen el involucramiento de todos los actores, la toma de decisión conjunta y la necesaria mediación de conflictos.
Los educadores no sólo han de velar por calificar los conocimientos. Son mediadores naturales en el ejercicio del poder que corresponde a maestros, alumnos y administrativos. Si las actividades que corresponden a cada sector involucrado en la escuela son puestas en sus manos, con los derechos y responsabilidades que supone, se avanzará mucho en la real formación cívica.
Esta labor supone que la normatividad institucional debería dejar de ser algo reservado para el culto perverso que suele rendírsele, a fin de que se torne verdadero instrumento de diálogo y solución de conflictos: en articulador del tan traído y llevado “Estado de Derecho”. Su presencia destierra actuar meramente por relaciones, gustos, simpatías o prebendas y lo posibilita con una racionalidad aunque sea mínima.
Quisiera terminar señalando que las organizaciones civiles comprometidas día a día en dar respuesta a problemas acuciantes como los del desarrollo sustentable, el ahorro, los derechos humanos, han diseñado metodologías pedagógicas de participación política de las cuales las instituciones educativas formales pueden aprender mucho.
Lo que va en juego en la educación no es la calificación de los conocimientos de los alumnos, sino la creación de metodologías que permitan a la juventud sumarse realmente como protagonistas de la solución de los problemas que ya no podemos irresponsablemente dejar en manos de una prácticamente inmóvil clase política.
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