jueves, febrero 19, 2009

¿Corrupto el Sistema Judicial?

Autor: Eduardo Almeida Acosta
Publicación: Jornada de Oriente, 19 de febrero 2009

¿Corrupto el sistema judicial? Sí: 93%. Es el resultado de una encuesta realizada por la Jornada de Oriente en el área metropolitana de la ciudad de Puebla a 240 ciudadanos que habitan viviendas particulares con servicio telefónico. Además, según el sondeo, el 84% de los entrevistados estima que el Poder Judicial no es autónomo del Gobierno.
Este es el encabezado y la información que reporta La Jornada de Oriente el miércoles 28 de junio de 1995 en el número 265, año 6, de este diario, como resultado del sondeo mencionado a raíz del asesinato del Magistrado Abraham Polo Uscanga.
Escribía entonces Sergio Cortés Sánchez, el responsable del sondeo:
“Credibilidad es lo reclamado y para ello, es necesario dar garantías de cambio como lo es la probidad, la eficiencia y el cese a la impunidad y a las arbitrariedades; el poder judicial debe ser profundamente reformado, como también los cuerpos de procuración de justicia y los encargados de la seguridad pública”.
Casi trece años después, la credibilidad de las instituciones no ha mejorado. Casi trece años después, el máximo tribunal de justicia de la nación vuelve a demostrar que sus miembros, salvo honrosas y valientes excepciones, como los magistrados Góngora, Meza y Gudiño, no están a la altura de honestidad intelectual, valor a toda prueba y libertad interior que requieren sus funciones. No parece inquietarles el deterioro institucional, el impacto negativo en la cultura política, y la provocación a la violencia que sus decisiones generan. No parece inquietarles la situación caótica actual del país y la urgencia de favorecer la paz entre los mexicanos, de propiciar reconciliaciones, la distribución equitativa de la riqueza, la defensa del trabajo, la lucha contra todas las formas de opresión.
Como expresa Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria a propósito de la convalidación de la impunidad de los altos funcionarios en el caso Atenco por parte de la SCJN:
“No quiso ejercer sus facultades y señalar los responsables de más alto rango que planearon y ordenaron los operativos policíacos en San Salvador Atenco”.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también lamentó que los ministros no hayan asumido sus facultades.
Con una Corte que convalida la impunidad en el caso Marín-Cacho y en el caso Atenco, vale la pena volver a recordar lo que escribió Sergio Cortés Sánchez en 1995. La respuesta a la pregunta ¿Corrupto el sistema judicial? Sigue siendo afirmativa.

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