Autor: Martín López Calva
publicación: e-consulta, 16 noviembre 2006.
El tema de la transparencia y la rendición de cuentas está presente en la opinión pública de nuestro país desde hace unos años en que inició el proceso de transición democrática que aún se vive como un camino frágil y lleno de obstáculos frente a una cultura autoritaria que tiene en el ocultamiento de la información y en la nula presentación de resultados a la sociedad, una de sus principales fuentes de sustento.
Al mismo tiempo, y por un período quizá mucho más largo, se viene haciendo en el campo educativo la crítica a la enseñanza tradicional, al autoritarismo del profesor y a la condición de objeto que se asigna al estudiante en este tipo de educación.
En todo régimen que aspire a llamarse democrático, tienen que existir normas y mecanismos que obliguen a los gobernantes –y en muchos sentidos también a los particulares que ofrecen un servicio público- a hacer transparentes y abiertos sus procedimientos, políticas y decisiones en la aplicación de los recursos que se les asignan y a presentar a la sociedad sus objetivos, estrategias, acciones y resultados para ser evaluados.
No existe democracia si no existe transparencia, es decir, si las normas y políticas se deciden arbitrariamente, si las acciones se realizan de manera oscura y si los recursos se aplican discrecionalmente.
Tampoco hay democracia si los gobernantes no asumen la responsabilidad de rendir cuentas sobre los resultados de los programas y acciones que se emprenden buscando el beneficio social.
En el caso de los particulares que producen un bien o prestan un servicio, hace tiempo también que se vienen desarrollando normas, mecanismos y regulaciones que obligan a estos particulares a transparentar la información acerca de los insumos y procedimientos de elaboración de sus productos (señalar los ingredientes en el empaque de una medicina o alimento, los componentes de una prenda de vestir, etc.) y de alguna manera también a rendir cuentas de que la información que presentan sea verídica (la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor es una institución ante la cual pueden presentarse demandas en caso de que los artículos no tengan las especificaciones prometidas).
En el tema de la educación tradicional, se hacen muchos esfuerzos en la formación de los profesores en una nueva mentalidad o paradigma más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza, más centrado en los estudiantes que en el profesor. Se realizan procesos de capacitación en nuevas teorías y métodos de aprendizaje y se hace investigación educativa permanente.
Sin embargo, a pesar del impulso que se ha tratado de dar a la cultura de la evaluación, a pesar de la creación del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) y del recientemente establecido Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación (INEE), pocas veces se hace la relación entre educación moderna y transparencia y rendición de cuentas.
En efecto, no basta con cambiar la teoría pedagógica ni el método de enseñanza-aprendizaje para que el profesor deje de ser un docente tradicional y empiece a estar “a la altura de los tiempos” actuales que vivimos.
Es necesario un cambio cultural que modifique la visión predominante que tienen nuestros docentes acerca de su papel quasi-omnipotente en el aula y uno de los aspectos que implica este cambio de visión sobre su propio papel, es el del imperativo de transparencia y rendición de cuentas.
Si bien el docente no aplica directamente recursos económicos en su trabajo cotidiano, sí está haciendo uso de recursos importantísimos no renovables como son el tiempo de vida y las capacidades de las nuevas generaciones de mexicanos y sin duda haciendo que los recursos económicos –sean de origen público o privado- que se aplican al sistema educativo redunden en resultados social y humanamente valiosos o inútiles.
¿Qué tanto brinda el profesor información completa, verificable y pertinente sobre sus objetivos, estrategias, acciones y resultados en el aula a los mismos estudiantes, a los padres de familia, a las autoridades educativas más allá de formas burocráticas que muchas veces se llenan por cumplir un requisito?
¿En qué medida tenemos en México la apertura, los mecanismos y la madurez social para hacer pública la información sobre la evaluación de resultados del desempeño educativo de manera que se conozcan las mejores las peores prácticas educativas?
¿Qué tanto existe esta apertura, mecanismos y madurez social para hacer públicos los resultados del rendimiento educativo escuela por escuela, región por región, universidad por universidad, para que la sociedad esté informada sobre la calidad de nuestra educación con mayor detalle (como se hace ya en países latinoamericanos como Chile, por ejemplo)?
Mientras no exista transparencia y rendición de cuentas en nuestra educación, difícilmente podremos aspirar a tener una educación realmente moderna y mucho más difícilmente podremos lograr una verdadera democracia en nuestro país.
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