viernes, noviembre 18, 2011

Defensa del campo, un asunto de todos


Autora: Marcela Ibarra Mateos
Publicado: Puebla on Line, 16 de noviembre de 2011


     La grave situación del campo mexicano no es una novedad. Históricamente las formas de organización y las culturas de los diversos grupos indígenas y campesinas en nuestro país fueron pisoteadas e invisibilizadas por conquistadores, caciques y otras actores resultado del racismo en el que la cultura mexicana se fundó, pero también del ansia de detentar un poder absoluto. 
     Si bien hoy en día, esta situación prevalece, no podemos obviar que hay elementos que han exacerbado esta condición histórica. En el contexto actual la condición de campesinos e indígenas no es un problema local; se trata de una exclusión a nivel mundial, vinculada a la presencia de empresas transnacionales que imponen formas de producción basadas en un eficientismo ciego buscando la máxima ganancia y pisando la vocación de las tierras, la historia de los pueblos y los derechos humanos de quienes trabajan esas tierras. Este escenario ha sido promovido desde el Banco Mundial apoyando a gobiernos nacionales para que implementen y diseñen políticas públicas que permitan la intervención de agentes trasnacionales en procesos productivos. En este sentido, los gobiernos han jugado un papel fundamental en estos despojos, y consecuentemente los marcos jurídicos vigentes no funcionan para defender a aquellos que son agredidos y violentados por agentes económicos y políticos externos e internos a sus países.
      Esta orientación de las políticas dirigidas al campo no solamente han afectado las condiciones de vida de los campesinos. También han desestructurado la producción alimentaria de los mercados internos, han contribuido a la destrucción y apropiación privada de los recursos naturales y han detonado procesos de migración con la consecuente pérdida de población productiva en zonas rurales y también en el deterioro de la vida de las familias, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores.
      Encontramos innumerables casos que ilustran estos graves procesos de deterioro ambiental y que solo han generado el enriquecimiento de unos pocos. En México, la destrucción de las selvas en Tabasco y el saqueo de maderas preciosas desde la década de los cuarenta; la explotación minera contaminante y la presencia de agroindustrias de tomate en la zona conocida como Wuirikuta, que afectan a los por indígenas huicholes que la habitan; las condiciones que vive hoy Cuatro Ciénegas en la Comarca Lagunera; los manglares en las costas del Caribe y Pacífico amenazadas por los desarrollos turísticos; los megaproyectos portuario y hoteleros en Baja California, entre muchos otros.
      Ante esta situación, los campesinos e indígenas como sujetos sociales están haciendo grandes esfuerzos de organización local y transnacional para defender sus derechos. Investigadores, organizaciones sociales y otros actores, promueven y apoyan estas iniciativas, buscando defender formas organizativas distintas que permiten no solamente el cuidado ambiental sino también promover formas justas y dignas de vida para todos. Para ello promueven una fuerte presencia del estado que controle los procesos tecnológicos industriales, que busque acuerdos comunitarios que beneficien a la mayoría y no solo a unos cuantos. Proponen una reforma agraria cuya base sea la soberanía alimentaria de los países –incluyendo la soberanía de las semillas- que nadie dependa de ningún otro país para alimentarse. Y plantean una revolución agroecológica como herramienta fundamental contra el cambio climático, evitando la agroindustria contaminante
      Algunas de estas movilizaciones se han vinculado a la Vía Campesina en Movimiento que se reunirá en Sélingué, Mali del 17 al 19 de noviembre de 2011, y reunirá a más de 200 campesinos e indígenas de todas partes del mundo, particularmente los afectados por el acaparamiento de tierras. Este movimiento busca generar conciencia y difundir nuevas formas productivas.
      La defensa del campo, de los campesinos y de los indígenas es una lucha de todos. Es una lucha por nuestra propia alimentación, por nuestra sobrevivencia. La sobreexplotación de tierras y la dependencia alimentaria limitan nuestra libertad y nuestra autonomía. Para ello, no todos tenemos que marchar con los manifestantes o pintar carteles o formar parte de la clase política que verdaderamente se preocupa por mejorar las condiciones de vida de las personas que representan. Revisar y replantear nuestros modos de vida, particularmente nuestro consumo y el uso que hacemos de los recursos sería una gran contribución a esta defensa de nuestra vida.

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