Autora: Rocío Barragán de la Parra
Publicado: e-consulta, 23 de septiembre de 2011
La mutualidad, el respeto al medio ambiente, la solidaridad y la democracia participativa son valores de una organización que promueve la consecución del bien social en consonancia con la finalidad individual; esta filosofía empresarial no priva en los modelos comunes de gestión comercial, por ello los emprendedores sociales enfrentan varios desafíos.
En los mercados domésticos e internacionales, la imagen y poder de acción del cooperativismo se desdibuja cuando las condiciones del micro y el macroentorno responden mayoritariamente a economías de escala y de mercado, donde por costumbre, que no por justeza, se privilegia el capital sobre el trabajo, la satisfacción económica de unos cuantos sobre el bienestar social y se privilegia a las minorías sobre el colectivo.
Quienes deciden agremiarse en un esquema de organización social enfrentan varios desafíos:
• Integrarse en un modelo de negocio medianamente difundido y a veces desprestigiado.
• Lidiar con empresas del mercado gestionadas a través de un modelo capitalista que pueden representar un atroz competidor.
• Inconsistencia y vacío legal en la conformación de la empresa, que puede repercutir en su funcionamiento.
• Ausencia de cooperativistas profesionales que promuevan una cultura de desarrollo económico y social.
• Incipiente cultura y conciencia del mercado para apoyar iniciativas de comercio sostenible y consumo responsable de organizaciones cooperativas.
Una empresa de economía social debe considerar en su constitución financiera, empresarial y legal los siguientes aspectos:
• Compromiso personal y social
• La organización y profesionalización del trabajo
• La propuesta de valor al cliente
• El desarrollo de servicios y productos diferenciados en el mercado
• Estándares de calidad en sus procesos
• Vivir en cada una de sus acciones los valores cooperativos que la fundamentan
La promoción de la Economía Social, su reglamentación y adecuación a la realidad de nuestro país es una tarea urgente y obligada para los legisladores; el gobierno tiene la enorme responsabilidad de activar la economía del país posibilitando a su vez el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida, y las Universidades tienen a su vez un compromiso con la promoción de modelos de negocio asociativos.
Una apremiante necesidad de la actividad económica del sector social encuentra respuesta en la educación, en el compromiso que las Universidades asumen en la formación de profesionales que respondan a los retos y realidades de su entorno y que posibiliten la creación de empleos, la reactivación de la economía y la mejora en la calidad de vida de los individuos.
La educación es un espacio propicio para impulsar la formación de profesionales en la gestión de Economía Social, competentes en la implementación de modelos de negocio que privilegian el trabajo sobre el capital y el bienestar colectivo sobre el individual. Los profesionales de las áreas sociales y de negocios son especialistas en la gestión y desarrollo de actividades administrativas, financieras, económicas humanas, mercadológicas, comerciales y sociales; a través de estas disciplinas se construye la razón de ser de cualquier organización, se define su objeto social, su marco operativo y su pertinencia en el mercado, plasmados en la visión estratégica y filosofía empresarial de cada negocio.
Es apremiante integrar en los programas de estudios universitarios perfiles, competencias y herramientas que coadyuven al desarrollo de profesionales en emprendimiento y cultura asociativa, que privilegien la producción y el intercambio de bienes, con visión empresarial, que maximicen los beneficios al tenor de reducir la brecha de la desigualdad social y que sus acciones se rijan en el fomento al equilibrio entre economía, ecología (medio ambiente) y sociedad, teniendo como eje de sus acciones la promoción del desarrollo humano.
Que los educadores asuman la tarea comprometida y acuciante de formar profesionales solidarios, la creación de organizaciones sociales y con ello contribuir, en alguna medida, a la justicia y la equidad social.
En México la educación cooperativista es escasa y a veces malentendida, la ley tiene vacíos jurídicos que pueden confundir, favorecer o desvirtuar su sentido, por ello la urgencia de fortalecer a través de la educación, la formación de profesionales inquietos por incursionar en la consultoría o emprendimiento social y sensibles al desarrollo económico y social de nuestro país.
En los mercados domésticos e internacionales, la imagen y poder de acción del cooperativismo se desdibuja cuando las condiciones del micro y el macroentorno responden mayoritariamente a economías de escala y de mercado, donde por costumbre, que no por justeza, se privilegia el capital sobre el trabajo, la satisfacción económica de unos cuantos sobre el bienestar social y se privilegia a las minorías sobre el colectivo.
Quienes deciden agremiarse en un esquema de organización social enfrentan varios desafíos:
• Integrarse en un modelo de negocio medianamente difundido y a veces desprestigiado.
• Lidiar con empresas del mercado gestionadas a través de un modelo capitalista que pueden representar un atroz competidor.
• Inconsistencia y vacío legal en la conformación de la empresa, que puede repercutir en su funcionamiento.
• Ausencia de cooperativistas profesionales que promuevan una cultura de desarrollo económico y social.
• Incipiente cultura y conciencia del mercado para apoyar iniciativas de comercio sostenible y consumo responsable de organizaciones cooperativas.
Una empresa de economía social debe considerar en su constitución financiera, empresarial y legal los siguientes aspectos:
• Compromiso personal y social
• La organización y profesionalización del trabajo
• La propuesta de valor al cliente
• El desarrollo de servicios y productos diferenciados en el mercado
• Estándares de calidad en sus procesos
• Vivir en cada una de sus acciones los valores cooperativos que la fundamentan
La promoción de la Economía Social, su reglamentación y adecuación a la realidad de nuestro país es una tarea urgente y obligada para los legisladores; el gobierno tiene la enorme responsabilidad de activar la economía del país posibilitando a su vez el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida, y las Universidades tienen a su vez un compromiso con la promoción de modelos de negocio asociativos.
Una apremiante necesidad de la actividad económica del sector social encuentra respuesta en la educación, en el compromiso que las Universidades asumen en la formación de profesionales que respondan a los retos y realidades de su entorno y que posibiliten la creación de empleos, la reactivación de la economía y la mejora en la calidad de vida de los individuos.
La educación es un espacio propicio para impulsar la formación de profesionales en la gestión de Economía Social, competentes en la implementación de modelos de negocio que privilegian el trabajo sobre el capital y el bienestar colectivo sobre el individual. Los profesionales de las áreas sociales y de negocios son especialistas en la gestión y desarrollo de actividades administrativas, financieras, económicas humanas, mercadológicas, comerciales y sociales; a través de estas disciplinas se construye la razón de ser de cualquier organización, se define su objeto social, su marco operativo y su pertinencia en el mercado, plasmados en la visión estratégica y filosofía empresarial de cada negocio.
Es apremiante integrar en los programas de estudios universitarios perfiles, competencias y herramientas que coadyuven al desarrollo de profesionales en emprendimiento y cultura asociativa, que privilegien la producción y el intercambio de bienes, con visión empresarial, que maximicen los beneficios al tenor de reducir la brecha de la desigualdad social y que sus acciones se rijan en el fomento al equilibrio entre economía, ecología (medio ambiente) y sociedad, teniendo como eje de sus acciones la promoción del desarrollo humano.
Que los educadores asuman la tarea comprometida y acuciante de formar profesionales solidarios, la creación de organizaciones sociales y con ello contribuir, en alguna medida, a la justicia y la equidad social.
En México la educación cooperativista es escasa y a veces malentendida, la ley tiene vacíos jurídicos que pueden confundir, favorecer o desvirtuar su sentido, por ello la urgencia de fortalecer a través de la educación, la formación de profesionales inquietos por incursionar en la consultoría o emprendimiento social y sensibles al desarrollo económico y social de nuestro país.
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