Autor: Mauricio López Figueroa
Publicado: La Primera de
Puebla, 19 de octubre de 2011
En
los últimos tiempos, y dados los terribles acontecimientos de violencia de los
que somos testigos, se ha dado por cuestionar si el Estado ha fallado en su
misión de proteger a la ciudadanía. En las sociedades democráticas modernas, el
Estado tiene la responsabilidad de ejercer la violencia solo cuando es
necesaria, es decir, solo cuando la dinámica social, el orden o la seguridad
nacional se ven comprometidos. No obstante, en la situación actual parece que
lo que emerge es lo que Ernesto López Portillo llama la reprivatización de la violencia.
Me
gustaría hacer algunas reflexiones, como ciudadano y educador, sobre al menos
dos aspectos de este fenómeno: la imposibilidad aparente del Estado para frenar
la violencia sistemática y la respuesta de una sociedad frente a este problema.
Para
la mayoría de las personas con un nivel suficiente de información es claro que
la existencia del crimen organizado y su prevalencia en la estructura política
de nuestro país no es nueva. Los crímenes políticos y los actos de corrupción
de la década de los 90 anunciaban la clara emergencia de este problema en un
nivel estructural fuerte. En la última década, y a partir de la estrategia
gubernamental, ha quedado claro el poder y la capacidad de respuesta y
organización que lo cárteles tienen en el territorio nacional, evidentemente
esta capacidad y organización no es nueva, pues queda claro que muchos de estos
grupos gozan de un arraigo en distintas poblaciones y zonas geográficas porque
han aprovechado las carencias de la gente y la indolencia gubernamental frente
a sus necesidades.
Lo
siguiente es la estructura de seguridad. Para nadie es nuevo que las
estructuras policiacas además de insuficientes, poco capacitadas y muy mal
pagadas, están penetradas por el crimen organizado desde hace mucho tiempo. Virtualmente,
no hay estructura de seguridad, ya sea por la ineficacia, ineptitud y poca
preparación de los cuerpos policíacos como por sus altísimos niveles de
corrupción. Esto es lamentable, pues mientras en otros países la policía
corresponde a un servidor público respetable y con un reconocimiento social, en
nuestro país la sociedad no los toma en serio como autoridad social y la
mayoría de las veces se les tienen más miedo que a los propios criminales.
Existe
la percepción de que el gobierno ha sido superado, pues se espera una respuesta
eficaz por parte del gobierno federal, no así de los estados. El punto crítico
se encuentra en que el gobierno federal jamás podrá resolver este problema de
la reprivatización de la violencia simplemente porque no tiene la capacidad y
porque, considerando nuestra organización nacional federada, es una
responsabilidad compartida con los estados. Hoy se requiere, para avanzar en la
construcción de condiciones de seguridad, acuerdos y estrategias comunes, lo
que contrasta con un poder legislativo que se caracteriza por la inmovilidad o
lentitud en la construcción de consensos relevantes.
Ernesto
López Portillo señala que la reprivatización de la violencia no es un problema
de la delincuencia organizada, sino de “un fenómeno mucho más profundo,
estructural, social, institucional”[1]. La
violencia hoy “tiene permiso”, porque las instancias encargadas de regularla en
muchas partes del país están ausentes o muestran una rampante incompetencia. El
efecto entonces es que la sociedad civil sucumbe al miedo, abandona los
espacios, multiplica las psicosis, pierde la confianza, incorpora el temor a
sus estilos de vida, a su cotidianidad. La gente ejerce menos sus libertades
por temor, y ese temor está ejerciendo una presión inmensa sobre los actores
políticos, los cuales ven mermada su capacidad de orientar al país por un
camino franco de desarrollo y para imponer orden.
El
problema de la reprivatización de la violencia es complejo y no de fácil e
inmediata solución, no depende del gobierno en turno solamente y más bien es
manifestación de una descomposición histórica muy relacionada con la pobreza y
la inequidad estructural. Mantener a las fuerzas armadas en la calle es siempre
una medida indeseable, y si no hay alternativa debe ser una medida provisional.
Mi
opinión como educador y profesionista es que hoy más que nunca, más allá de
cualquier dogma, es imprescindible renovar nuestras conciencias y asumir y
encarnar los valores más elevados; no se trata de retórica, se trata, en mi
opinión, de leer en la realidad dolorosa que enfrentamos una señal, una llamada
de atención que nuestro pueblo puede y debe aprovechar. Es importante que
entendamos esta verdad con todas sus letras: nuestra cultura y nuestra sociedad
está enferma de corrupción e indiferencia, y estas condiciones son el medio, el
agar, en el que la situación de violencia también se alimenta. Si
verdaderamente nos preocupa la violencia el paso, la contribución, que como
ciudadanos nos toca dar es dejar atrás la indolencia, la insensibilidad y la
indiferencia.
Se
aproximan tiempos complicados: el próximo año son elecciones federales y “las
piezas del tablero se han comenzado a desplazar” en el juego del poder. ¿Cuál
será nuestro papel? ¿Contemplar pasivamente cómo el miedo se instaura de nuevo
en nuestras estructuras y en nuestras conciencias? ¿O hacer un frente común
desde lo que nos une, no desde lo que creemos que nos separa, para demandar lo
que merecemos todos? Todos.
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